La Guardia Civil se lleva ordenadores tras cinco horas de registro en El Empecinado

Durante esas cinco horas, los agentes del instituto armado se centraron en la intervención de dispositivos informáticos como al menos dos ordenadores y discos duros, además de recopilar documentación que retiraron en grandes cajas con diversas facturas. Todas ellas de la Agrupación de Apoyo Logístico 61, en la que se engloba la plana mayor de la Agrupación, el grupo de abastecimiento I/61, el grupo de mantenimiento II/61, la compañía de mando y personal y la unidad de servicios y talleres 611.

Inspecciones en dependencias militares que se completaron con la declaración, en calidad de testigos, de al menos cuatro militares de la Agrupación de Apoyo Logístico 61 ante el juez togado militar.

Asimismo, en esa denuncia de feberero se urgía a la autoridad judicial a acelerar la tramitación para impedir que los supuestos implicados hagan desaparecer pruebas pues «ya se habrían destruido discos duros y ordenadores el pasado mes de diciembre, lo que podría perjudicar la investigación».

Con este registro, la investigación iniciada por el togado militar sigue su curso, después de que en el escrito anónimo, con facturas y correos adjuntos, se denunciara «la utilización indebida de fondos públicos para un beneficio personal y privado de personas pertenecientes al ámbito militar que, en comandita con determinadas empresas privadas de Valladolid y una de Burgos, y un plan diseñado a tal efecto, han estado desviando fondos del patrimonio público, sin que exista debida causa y motivación para dicha utilización».

Los hechos denunciados se circunscriben a los años 2021 y 2022, aunque también se solicitaba que se ampliara la investigación a años anteriores, cuando al menos cuatro altos mandos de El Empecinado, en connivencia con representantes de siete empresas, «solicitaban y consentían» la emisión de facturas por parte de terceros, sin que estos llegasen a prestar esos servicios, incrementando presuntamente el valor unitario de los conceptos facturados o falseando la realidad. En alguna de esas peticiones se llegaba a solicitar la emisión de una factura para cubrir comidas y otros gastos, no justificados y sobre los cuales no existía autorización de pago con cargo a fondos económicos del Estado.

Los supuestos implicados en el fraude utilizaron los correos oficiales de la base. En una de estas comunicaciones se solicita dividir facturas superiores a 5.000 euros «al no poder gestionarla en una conjunta». Otro de los ejemplos detallados en la denuncia reflejan una factura con la venta de 1.000 kilos de harina, emitida por una mercantil dedicada a otros servicios alejados de la alimentación.

El desvío de fondos durante estos dos años se cuantifica en un total de 180.000 euros.

La investigación, según confirma la Guardia Civil, no se ha extendido a las siete empresas que se detallan en la denuncia.