![Valladolid: La Fiscalía deriva a la justicia militar una posible malversación de mandos de El Empecinado](https://s2.ppllstatics.com/elnortedecastilla/www/multimedia/202302/26/media/cortadas/base-empecinado-k5AE-U190733985211A5B-1248x770@El%20Norte.jpg)
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La Fiscalía de Valladolid ha abierto diligencias informativas para que se investigue la gestión económica de la base El Empecinado de Valladolid (Agrupación de Apoyo Logístico 61) a raíz de una denuncia anónima recibida la pasada semana en la que se detallan y documentan ... posibles irregularidades económicas por parte de cuatro mandos del asentamiento militar de Santovenia de Pisuerga. El Ministerio Público ha derivado el caso al órgano jurídico-militar, que lo investigará y decidirá si archiva o continúa con el procedimiento y encausa a los mandos supuestamente implicados en las corruptelas.
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El escrito recibido en la Fiscalía, acompañado de facturas y correos electrónicos, denuncia «la utilización indebida de fondos públicos para un beneficio personal y privado de personas pertenecientes al ámbito militar que, en comandita con determinadas empresas privadas de Valladolid y una de Burgos, y un plan diseñado a tal efecto, han estado desviando fondos del patrimonio público, sin que exista debida causa y motivación para dicha utilización».
Los hechos denunciados se circunscriben a los años 2021 y 2022, aunque se solicita que se amplíe la investigación a años anteriores, cuando al menos cuatro altos mandos de El Empecinado, en connivencia con representantes de siete empresas, «solicitaban y consentían» la emisión de facturas por parte de terceros, sin que estos llegasen a prestar esos servicios, incrementando presuntamente el valor unitario de los conceptos facturados o falseando la realidad. En alguna de esas peticiones se llegaba a solicitar la emisión de una factura para cubrir comidas y otros gastos, no justificados y sobre los cuales no existía autorización de pago con cargo a fondos económicos del Estado.
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En uno de los correos electrónicos aportados a la denuncia como prueba, un alto mando pide a una empresa ajena al sector de la hostelería la emisión de una factura para «cubrir una comida» con el importe exacto de 322,69 euros. «Necesito una factura para una comida», refleja la comunicación.
Los supuestos implicados en el fraude utilizaron los correos oficiales de la base. En una de estas comunicaciones se solicita dividir facturas superiores a 5.000 euros «al no poder gestionarla en una conjunta». Otro de los ejemplos detallados en la denuncia reflejan una factura con la venta de 1.000 kilos de harina, emitida por una mercantil dedicada a otros servicios alejados de la alimentación.
El desvío de fondos durante estos dos años se cuantifica en un total de 180.000 euros.
Entre la documentación aportada al dossier que la Fiscalía de Valladolid ya ha puesto en manos del órgano jurídico militar consta una fotografía que capta una reunión en un bar entre un alto mando de El Empecinado y responsables de dirección de dos empresas de Valladolid.
En el escrito registrado ante la Fiscalía se solicita que se investigue de oficio por parte del ministerio público unos hechos que podrían «revestir carácter de delitos, entre otros, prevaricación, tráfico de influencias, malversación y contra la Hacienda Pública a través de centenares de facturas que muchas de ellas no superan la cantidad de 1.000 euros». El relato de hechos, apostilla el denunciante, «está reforzado con 17 documentos que dotan a la solicitud de un juicio de ponderación reforzado, congruente y verosímil de hechos graves, que merecen en todo caso sean objeto de investigación» para que se depuren responsabilidades. Se incide también en que se libre oficio a las siete mercantiles presuntamente implicadas «sin perjuicio de cualquier otra que venga relacionada».
Los denunciantes urgen a la autoridad judicial a acelerar la tramitación para impedir que los supuestos implicados hagan desaparecer pruebas pues «ya se habrían destruido discos duros y ordenadores el pasado mes de diciembre, lo que podría perjudicar la investigación».
El Tribunal Militar Central, con sede en Madrid y jurisdicción en todo el territorio nacional, constituye un tribunal centralizado para el conocimiento de las materias atribuidas por la Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio, de competencia y organización de la jurisdicción militar. Precisamente, la Constitución Española de 1978, en su artículo 117, designa como jurisdicción militar a un complejo de tribunales y jueces que, aunque con sustantividad y características propias, forma parte de la única jurisdicción y, por tanto, del poder judicial. La jurisdicción militar se encuentra vinculada, desde su mismo origen, a la Defensa Nacional. Por su parte, la Fiscalía Jurídico Militar depende del Fiscal General del Estado y se integra en el Ministerio Fiscal. Con la dependencia indicada se organizan los diferentes niveles de su posible actuación, Sala de lo Militar del Tribunal Supremo.
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