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La Guardia Civil de Valladolid ha registrado en la mañana de este lunes la base militar de El Empecinado, ubicada en Santovenia de Pisuerga, por ... las posibles irregularidades económicas en la gestión de cuatro altos mandos. De esta forma, varias patrullas del instituto armado han acudido a la base militar con una orden del juez togado militar que instruye el caso después de que la Fiscalía de Valladolid derivara hace diez días a la jurisdicción militar una denuncia anónima.
El escrito recibido en la Fiscalía, acompañado de facturas y correos electrónicos, denunciaba «la utilización indebida de fondos públicos para un beneficio personal y privado de personas pertenecientes al ámbito militar que, en comandita con seis empresas privadas de Valladolid y una de Burgos, y un plan diseñado a tal efecto, han estado desviando fondos del patrimonio público, sin que exista debida causa y motivación para dicha utilización».
Los hechos denunciados se circunscriben a los años 2021 y 2022, aunque se solicita que se amplíe la investigación a años anteriores, cuando al menos cuatro altos mandos de El Empecinado, en connivencia con representantes de siete empresas, «solicitaban y consentían» la emisión de facturas por parte de terceros, sin que estos llegasen a prestar esos servicios, incrementando presuntamente el valor unitario de los conceptos facturados o falseando la realidad. En alguna de esas peticiones se llegaba a solicitar la emisión de una factura para cubrir comidas y otros gastos, no justificados y sobre los cuales no existía autorización de pago con cargo a fondos económicos del Estado.
Los supuestos implicados en el fraude utilizaron los correos oficiales de la base. En una de estas comunicaciones se solicita dividir facturas superiores a 5.000 euros «al no poder gestionarla en una conjunta». Otro de los ejemplos detallados en la denuncia reflejan una factura con la venta de 1.000 kilos de harina, emitida por una mercantil dedicada a otros servicios alejados de la alimentación. El desvío de fondos durante estos dos años se cuantifica en un total de 180.000 euros.
En el escrito registrado ante la Fiscalía se solicita que se investigue de oficio por parte del ministerio público unos hechos que podrían «revestir carácter de delitos, entre otros, prevaricación, tráfico de influencias, malversación y contra la Hacienda Pública a través de centenares de facturas que muchas de ellas no superan la cantidad de 1.000 euros». El relato de hechos, apostilla el denunciante, «está reforzado con 17 documentos que dotan a la solicitud de un juicio de ponderación reforzado, congruente y verosímil de hechos graves, que merecen en todo caso sean objeto de investigación» para que se depuren responsabilidades. Se incide también en que se libre oficio a las siete mercantiles presuntamente implicadas «sin perjuicio de cualquier otra que venga relacionada».
Los denunciantes urgen a la autoridad judicial a acelerar la tramitación para impedir que los supuestos implicados hagan desaparecer pruebas pues «ya se habrían destruido discos duros y ordenadores el pasado mes de diciembre, lo que podría perjudicar la investigación».
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