Valladolid

Cinco de los 63 acusados por estafa bancaria asumen penas de 18 meses de cárcel

Hasta el momento, cinco de esos acusados ya han asumido un año y medio de prisión (se enfrentaban a cinco años) por delitos de estafa y blanqueo de capitales, si bien se les retira de la acusación el delito de pertenencia a grupo criminal. Asimismo, tendrán que abonar casi 80.000 euros como indemnización a las entidades estafadas. Entre los acusados restantes, la pena global supera los 500 años de privación de libertad.

Precisamente, estos acuerdos son de los denominados secundarios dentro de un supuesto entramado delictivo con cuatro cabecillas dentro del organigrama (Abel Ignacio B. C., José Manuel P. S., María Yolanda L. A. y Bernarda M. M.). Estos, según incide el fiscal, se concertaron para llevar a cabo operaciones bancarias, en las que a través de terceras personas solicitaban préstamos para la compraventa de coches de segunda mano. Ese dinero solicitado iba a parar a los cabecillas del grupo, quedándose una parte las personas que pedían el crédito. Para tal fin, los cabecillas, expertos en la materia, justificaban la solvencia con documentación que realmente no reflejaba su verdadera situación económica. Todo esto entre 2013 y 2016.

Durante esos años, la intención de los acusados siempre fue evitar la devolución de las sumas prestadas, si bien, en algunos supuestos, se efectuaron ingresos parciales en las cuentas de los prestatarios, y en otros se abonó la totalidad de las cuentas, con el fin de que los reiterados impagos no derivaran en la inclusión en los registros de morosos ni levantaran sospechas que obstaculizaran la continuidad de su actividad criminal.

La captación de sus 'clientes' por parte de los cabecillas se llevaba a cabo, en numerosos casos, de forma personal por Abel Ignacio, quien supervisaba las operaciones, controlando el momento de la solicitud y concesión del crédito al aparecer como intermediario o asesor financiero para generar credibilidad en todo momento. Un papel reseñable que supuestamente también tenían Bernarda y José Manuel. La primera al gestionar una empresa en Zamora, donde ya había completado operaciones en entidades de esa provincia, lo que facilitó ofrecer clientes a los mismos bancos en Valladolid. Por su parte, José Manuel, agente inmobiliario, permanecía en las inmediaciones de las oficinas. Antes ya había introducido en esta presunta trama a María Yolanda como persona de confianza. Ellos, al parecer, eran también los encargados de generar nóminas falsas, así como la vida laboral, además de completar alguna mensualidad para no levantar sospechas.

Y todo ello destinado para la compraventa de vehículos. Un negocio «inexistente» para cuya justificación se utilizaba un contrato tipo que se repite en once de las operaciones, y en cinco de ellas, el mismo BMW, propiedad de la mujer de Abel Ignacio. Nunca se efectuó tal transferencia ni modificación de su uso.

El producto de las operaciones «fraudulentas», después de pasar el importe del préstamo por la cuenta del solicitante, llegaba a manos de los organizadores de la red, bien mediante transferencias a sus cuentas corrientes, bien por ingresos de metálico en las mismas, o entrega del dinero en mano para evitar que esas cantidades fueran rastreadas.

Este hecho ha obligado a la Audiencia de Valladolid a abandonar el Palacio de Justicia para trasladarse hasta la Feria de Valladolid ante la imposibilidad de albergar a tantos acusados, así como a sus abogados, y al tribunal. De hecho los preparativos ya se ultiman en una improvisada sala de vistas en lo que será el segundo macrojuicio fuera de la sede habitual en la capital vallisoletana.

La primera vez ocurrió hace seis años y también por un juicio de estafa. En el banquillo se sentaron 65 acusados, si bien en el momento de la celebración 57 ya habían llegado a un acuerdo. Se presupone que para el juicio de este jueves esa cifra de conformidades no se alcance.