Valladolid

Cesa el jefe de servicio que remitió el informe sobre Arco de Ladrillo

La fórmula del cese a petición propia implica en este caso, según varias fuentes consultadas, más un acuerdo tácito que una renuncia expresa del funcionario. Alberto Gutiérrez no había tocado el organigrama de su área. Lo hace ahora en un puesto que es de libre designación y que se entiende como un puesto «de confianza». El hecho de que estos dos funcionarios metieran por el registro electrónico su informe se entendía, desde el grupo municipal socialista, como una advertencia de los técnicos por la «inacción» que había demostrado el Ayuntamiento hasta entonces. El concejal defiende que se actuó con la celeridad necesaria en cuanto se tuvo conocimiento de la situación del viaducto. Una situación que, en todo caso, venía de muy atrás. En el propio informe de Pérez y Briones se aclara, en el primer párrafo, que se habían realizado «un buen número de intervenciones en los últimos diez o doce años», por un coste acumulado de un millón de euros.

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Francisco Pérez cesa en su puesto pero con efecto a finales de agosto. Ha ejercido entre otras cosas como director de obra en algunos de los trabajos de integración ferroviaria porque es ingeniero de caminos de formación, grado del que no hay muchos exponentes en la plantilla municipal, máxime después de algunas jubilaciones.

El alcalde, Jesús Julio Carnero, explicaba que el cese de Francisco Pérez, así como de una secretaria de la misma área, es algo «habitual». «Las personas de libre designación en puestos de la administración van cambiándose, es una rutina organizativa que no tiene ningún aspecto a destacar, simplemente es una decisión que corresponde a cada una de las concejalías y cada uno de los responsables».

La actuación de la Concejalía de Tráfico y Movilidad volvió a ser objeto de debate en el Pleno. Pedro Herrero (PSOE) acusó a Gutiérrez Alberca de inacción. Considera que no actuó hasta que el informe rubricado por Pérez y Briones entró en el registro, el 7 de mayo. «El concejal tardó dos semanas en reaccionar, hasta que solicita el informe complementario y urgente, en cuya petición alude a los informes técnicos de enero y febrero. El informe le llega el 24 de mayo y en él los técnicos se limitan a repetirle lo mismo que le dijeron 17 días atrás. Cuatro días más tarde el centro de movilidad urbana, sin disponer de un estudio de tráfico, propone la señalización de las obras, velocidad controlada a 30 kilómetros por hora… Y dos días después, en junta de gobierno extraordinaria, aprueban la intervención de emergencia».

Gutiérrez Alberca replicó que el Ayuntamiento había actuado «en plazo, con tiempo y con responsabilidad». «Usted mezcla el informe de Ineco que envía Adif, otro es el de Imesapi, el último es de abril, el de servicio de infraestructuras es de mayo, y automáticamente se declara la emergencia. El informe que hace el servicio es el que primero tiene que justificar que la obra es de emergencia, así se le pide y así se hace», señaló. Era necesaria esa certificación para poder aprobar el desembolso, que excedía lo que se contempla habitualmente para el contrato de mantenimiento del que es beneficiario Imesapi.