Carnero insiste en que el aplazamiento del pago «no se trató» en el órgano «adecuado»

A esto replica el alcalde de Valladolid que «no es el órgano adecuado» para tratar la cuestión. Lo era hasta el año 2022. Entonces, y dados los gastos añadidos que supuso la pandemia de covid para todas las administraciones, se negoció de mutuo acuerdo un recálculo de las aportaciones de los socios para los años siguientes. Y se aprobó una adenda al convenio en el seno del consejo de administración, lo que conllevaba una tramitación compleja.

Tan compleja, y ahí está el quid de la cuestión, que en la adenda se incluyó una cláusula especial que modificaba el convenio de integración de 2017 en un punto: la estipulación sexta. En ella se definían las funciones de la Comisión de Seguimiento del Convenio. Y se le añadió una nueva: «Promover y aprobar posibles reajustes de anualidades de pagos en función de la evolución de los trabajos contemplados en el convenio, siempre que estos no supongan un incremento económico del convenio, ni del plazo del mismo».

A eso se refiere, por tanto, Jesús Julio Carnero, cuando habla del «órgano adecuado». Lo que ocurre es que en la última reunión de esta Comisión de Seguimiento, el pasado jueves, convocada a petición del Ayuntamiento, no se incluyó esa petición en el orden del día. Figuraban los «ceses y nombramientos de los socios en la Comisión», la supervisión «de la ejecución del convenio» y la propuesta de una «nueva reunión de la Comisión para informar de la situación de las diferentes actuaciones del convenio». Nada se dijo entonces de la intención de posponer un pago que acumula varios meses de retraso, puesto que debería haberse desembolsado antes de concluir el primer trimestre del año.

«Que se lean los papeles», retó el alcalde de Valladolid al grupo municipal socialista, que ha recordado que en febrero el Consejo de Administración ya denegó el aplazamiento al Ayuntamiento.

El argumento se remata con la aseveración de que el Ayuntamiento, dado que no se le ha respondido en la Comisión de Seguimiento a un aplazamiento que no ha solicitado en la Comisión de Seguimiento, no ha incumplido.

Semejante barullo burocrático compone un escenario complejo para cuando expire, dentro de 25 días, el plazo del requerimiento que Adif lanzó al Ayuntamiento en esa comisión. En este punto, Adif hizo lo que se estipula en otro de los apartados del convenio de 2017. «El acuerdo se extinguirá por […] el incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de algunos de los firmantes», se puede leer en el punto octavo. «Cualquiera de las partes -en este caso, Adif- podrá notificar a la parte incumplidora -el Ayuntamiento, según el Ministerio- para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. […] Si transcurrido el plazo indicado en el requerimiento -un mes, a contar desde el pasado día 10- persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió -Adif- notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio».

Una resolución por incumplimento, se añade, «podrá conllevar la indemnización de los perjuicios causados, si así se hubiera previsto».

El requerimiento que presentó Adif incluía una serie de cuestiones técnicas sobre los proyectos de Arco de Ladrillo, pasos de Ariza o ampliación del paso de San Isidro, y el pago de los 11 millones que el Ayuntamiento debe abonar en 2024. Fuentes conocedoras del convenio explican que los asuntos técnicos son de fácil respuesta por parte del Ayuntamiento, que podría sortear esa parte del requerimiento sin dificultades.

Otra cosa es lo del dinero. La Junta de Castilla y León ya ha anunciado que pondrá su parte a lo largo de este mes, 8,2 millones de euros, según el calendario aprobado en 2022. El Ayuntamiento ha insistido una y otra vez a lo largo de este año en que el pago de 11 millones es excesivo y en pedir que se difiera o se fraccione. Una salida al problema que evite la resolución del convenio y, posteriormente, la disolución de la sociedad Valladolid Alta Velocidad, sería pagar. Otra opción que está sobre la mesa es interponer algún tipo de recurso judicial para paralizar la resolución del convenio, amparándose en que el órgano que debe decidir sobre un aplazamiento, la Comisión de Seguimiento, no se ha pronunciado de forma explícita sobre la cuestión, por más que lo haya hecho el Consejo de Administración. Esto se complicaría por el hecho de que el Ayuntamiento, aunque ha enviado cartas al Ministerio de Transportes y lo ha llevado al Consejo de Administración, no lo ha indicado en el «órgano adecuado», parafraseando al propio Jesús Julio Carnero. Esto es, la Comisión de Seguimiento.

«No queremos disolver la sociedad». Esa frase la ha pronunciado en varias ocasiones el alcalde de Valladolid y la repiten en su entorno de confianza. Pero sí podría ralentizar el proceso de integración ferroviaria si un asunto como la resolución del convenio por el aplazamiento de los pagos se judicializa.

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