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Un proyecto básico real para reformar unas oficinas dependientes de la Junta de Castilla y León en Valladolid explicaba, en el punto 2.3, que se adecuaba al Real Decreto 314/2006 del Código Técnico de la Edificación, al Plan General de Ordenación Urbana de ... Valladolid, al reglamento electrónico de baja tensión, a la ley del ruido de Castilla y León… «Hay una inflación de normas», resume Ignacio Zarandona, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Valladolid. No es nuevo. Normativa municipal, provincial, autonómica y nacional se superpone hasta crear un entramado que complica los trámites necesarios para poder obtener una licencia urbanística. Y eso supone demoras. Y las demoras, dinero. En una reunión reciente, un grupo de empresarios explicaba al concejal que en Valencia tardaban «del orden de año y medio para conseguir una licencia; en Madrid son seis o siete meses y en Valladolid, en un plazo de tres meses van saliendo adelante».
Lo que ocurre es que ese plazo, que aun así es muy largo, varía cuando se produce una incidencia y la tramitación se complica.
«Cruzar todo ese fárrago de imposiciones a la hora de sacar un proyecto adelante se hace complicado. Siempre aparece un nuevo elemento que imposibilita resolver lo que ya parecía resuelto», lamenta Zarandona, que ha comenzado las conversaciones para agilizar los expedientes con ayuda de la informática y la inteligencia artificial. «Mi idea es buscar a corto plazo algún tipo de trámite informático que permita que la mayoría de las tareas de revisión de estas normas, que sabemos que hay que implementar, se haga de manera rápida y sin concurso de alguien que tenga que revisar toda esa normativa», explica.
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Ha comenzado ya las conversaciones con los agentes que pueden aclarar cuál es el mejor modo de afrontar este reto. Por un lado, con el Colegio de Arquitectos. «Nos demanda que lleguemos a algunos acuerdos, que les pasemos cuáles son las incidencias más comunes para que los técnicos que redactan los proyectos las conozcan y puedan evitarlas». Por otro, con empresas de ingeniería que trabajan con inteligencia artificial y que puedan crear ese software que no solo permita comprobar con mayor fluidez los expedientes, sino que aprenda a partir de los casos analizados para que resulte más eficiente con el tiempo. «Me he puesto en contacto con alguna ingeniería que puede desarrollar este tipo de cosas y para ver qué pasos hay que dar y todos los intervinientes para hacer una gran Mesa en la que se pongan todas las opiniones y se construya esa herramienta».
Porque las necesidades, además, crecen. Ahora mismo empiezan a demandarse cada vez más licencias para convertir espacios que estaban destinados a bajos comerciales en viviendas o apartamentos. Ya se han dado varios casos en Valladolid, donde hay zonas que registran un sinnúmero de locales nuevos sin ocupar y otras en las que la actividad comercial ha decaído y los que han bajado la persiana no encuentran un relevo. «Actividades de hostelería, de rehabilitación, de cambios de uso, de convertir locales o bajos comerciales en apartamentos, de obras… Son tantas cosas que hay que serenar un poco, hacer una reflexión y obtener resultados», señala el edil de Urbanismo. El problema, como suele ocurrir con la administración, son los plazos. «Tengo el objetivo de que en estos cuatro años de mandato podamos trazar un plan para solucionar esto», se fija Zarandona con prudencia, a pesar de que el trabajo ya ha empezado.
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Antonio G. Encinas
Es evidente que la inteligencia artificial, aunque aún se encuentra en una fase incipiente de lo que puede llegar a ser en el futuro, no significa que todo el trabajo vaya a solucionarse sin supervisión humana. Pero se trata, especialmente, de automatizar aquellas tareas que requieren tiempo y consumen recursos. «Todos los técnicos cumplen con su trabajo de manera rigurosa, veremos cómo podemos gestionar el personal, pero me gustaría que se evitaran ciertas tareas que podrían ir por otro camino», admite Ignacio Zarandona.
El diseño del software deberá ir acompañado, explica, de una formación adecuada no solo de los técnicos de la casa, que deberán intervenir «cuando haya un tema ambiguo que no pueda dilucidar el programa». También de quienes diseñan los proyectos que llegan al Ayuntamiento de Valladolid. La formación para todos aquellos que se encargan de estas tareas en los estudios de arquitectura, por ejemplo, es clave para que la documentación llegue de la manera idónea y que el programa resulte lo más eficaz posible.
Porque cualquier innovación conlleva efectos indeseados que conviene tener en cuenta. Ha sucedido con las Declaraciones Responsables de Obras Usos (DROU). «No existían, y se crearon para tratar de evitar que se realizara un procedimiento administrativo antes de comenzar las obras. Ocurre que en muchos expedientes no suerte efecto porque no es el documento habilitante para las obras que se están haciendo», ejemplifica Zarandona.
Desde que se constituyó el equipo de Gobierno actual, a mediados de junio, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento ha aprobado del orden de 30 licencias de obras, 7 ambientales, 5 urbanísticas, además de modificaciones de locales, segregación de parcelas o reparcelaciones y otros asuntos.
La falta de personal es un problema recurrente en algunas áreas de la administración, especialmente desde que la crisis de 2008 provocara el bloqueo y reducción de las plantillas con la tasa de reposición impuesta por el entonces ministro Cristóbal Montoro. «A veces es cierto, pero si hay un problema de personal, el Ayuntamiento no puede ser un obstáculo, sino un control. Un garante de que las cosas se hacen conforme a ley, pero un facilitador», señala el concejal de Urbanismo, Ignacio Zarandona. En este caso no hay queja sobre la labor del personal del Ayuntamiento. Al contrario. «Me consta que en estos momentos hay una comunicación muy ágil entre quien presenta un proyecto y los técnicos de la casa. En cuanto hay una incidencia tratan de comunicarla, incluso por correo electrónico antes de que llegue la notificación oficial, para intentar acortar plazos. Pero sigue siendo un drama. No nos damos cuenta de que para quien inicia un proyecto de vida a través de una licencia para un negocio, los plazos son muy importantes».
Las demoras, argumenta el edil, provocan pérdidas económicas para quienes tienen en mente un proyecto, iniciar un negocio o una obra. «Hay una repercusión económica muy importante», asume. Por eso el afán de aligerar cuanto antes la carga burocrática que soportan tanto los promotores y ciudadanos como los redactores de los proyectos y los propios técnicos de la administración.
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