El Ayuntamiento declarará de «interés municipal» la planta de Switch Mobility

Los grupos municipales de PSOE y Valladolid Toma la Palabra presentaron este miércoles las resoluciones derivadas del debate sobre el Estado de la Ciudad que defenderán conjuntamente en el Pleno que se celebra el próximo martes, 5 de julio, y entre las que se ha incluido la aprobación de la declaración de la fábrica de autobuses eléctricos de Switch Mobility en la ciudad como «proyecto de interés municipal».

Como ya había avanzado el alcalde hace unos meses, este era uno de los pasos que iba a dar el equipo de Gobierno. Le debería seguir la aprobación inicial de la modificación del planeamiento urbanístico si se pretende que, como se aseguró, la licencia de obras se concededa en el mes de julio.

Las consecuencias de este acuerdo de declaración de especial interés serán la reducción de los plazos de tramitación, la facilitación del acceso a bonificaciones y ayudas municipales y poder arbitrar los mecanismos de coordinación oportunos respecto a procedimientos cuya competencia sea de otras Administraciones Públicas.

Tanto Pedro Herrero (PSOE) como María Sánchez (Toma la Palabra) manifestaron que esperan que el resto de grupos municipales aprueben este acuerdo, ya que facilitará el desarrollo de un proyecto que supondrá una «inyección de actividad económica y de empleo» para la ciudad. Eso sí, el portavoz socialista aventuró que posiblemente sea la única resolución que se presente en el Pleno que cuente con algún consenso entre gobierno y oposición.

Otra propuesta de la coalición es «continuar los esfuerzos realizados y en curso para favorecer la instalación de nuevas empresas en la ciudad, tanto de carácter industrial como de servicios, impulsando especialmente el desarrollo del parque logístico y agroalimentario».

También apuntan a «consolidar el proyecto de integración ferroviaria en superficie como acción de mejora urbanística», ante lo cual tanto Herrero como Sánchez consideraron que el debate sobre la recuperación del soterramiento debería estar en cuánto considera el PP que cuesta, ya que aseguran que el principal partido de la oposición reclama las «notas» o el «informe» del equipo de Gobierno sobre el coste, pero «no ha presentado» sus cuentas sobre el proyecto, informa Europa Press.

Por su parte, el PP pedirá bonificaciones y bajadas de impuestos municipales; reducir la superficie de la Zona de Bajas Emisiones; o paralizar las obras de integración y consensuar un proyecto «racional» de soterramiento. Del Olmo insistió en las críticas al equipo de Gobierno por la falta de «voluntad» de retomar el soterramiento, ya que asevera que hay «tres concejales», en referencia a los representantes de Valladolid Toma la Palabra, que «mantienen a Óscar Puente en la Alcaldía» y, según Del Olmo, se sabe que el concejal de Planeamiento Urbanístico, Manuel Saravia, «nunca ha sido partidario del soterramiento».

Otra de esas propuestas tendrá como prioridad conseguir que los vallisoletanos tengan una mayor renta disponible para afrontar mejor la crisis económica actual y futura. Así, propondrán modificaciones en las ordenanzas fiscales, para, entre otras cosas, reducir el tipo de gravamen del IBI al objeto de neutralizar el efecto que el incremento del valor catastral de los inmuebles ha tenido en el recibo del mismo; disminuir el precio público a los usuarios de la ayuda a domicilio; reducir la tasa por prestación de servicios en los mercados municipales o las tarifas aplicables en el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica hasta igualarlo a la media del resto de provincias de la comunidad.

Asimismo, incluyen una propuesta para que el Ayuntamiento aplique «al máximo que permita» la normativa que se publique previsiblemente este 1 de julio la reducción del precio del abono del transporte público.

También se insiste en varias medidas relativas a la movilidad similares a las defendidas en los últimos plenos por grupos de la oposición, como «la elaboración de una Ordenanza de Movilidad para toda la ciudad, en cuyo proceso se dé participación a los vecinos, representantes de sectores afectados y los grupos municipales de la oposición, con el objetivo de intentar alcanzar «un alto grado de consenso». Asimismo, piden un «estudio científico-técnico que avale la dimensión de la Zona de Bajas Emisiones antes de realizar la ordenanza que regule la misma».

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