El Ayuntamiento contrató en agosto a un bufete para frenar la construcción de la estación

En la memoria que justifica la contratación del bufete, el Ayuntamiento expone que tras el cambio de Gobierno municipal, «el pasado mayo de 2023», se pasa a considerar «de vital importancia para el desarrollo económico y social de la ciudad el soterramiento del ferrocarril». Y por ese motivo, añade, apuesta «por reivindicar ante el Gobierno de España y en el seno de la sociedad Valladolid Alta Velocidad dicho soterramiento, lo cual exige un análisis pormenorizado de las actuaciones que al amparo del Convenio de 2017 se pretenden ejecutar».

Hace referencia en ese momento a la «construcción de una estación de viajeros en superficie» que, reconoce, llevará a cabo Adif sin el concurso de la sociedad Valladolid Alta Velocidad. «Se trata de una transcendente actuación que requiere un asesoramiento jurídico especializado y la elaboración de informes en el proceso de elaboración, tramitación y aprobación de los correspondientes proyectos de construcción de la nueva Estación de viajeros de ferrocarril, así como en el debate y discusión de cuantas cuestiones jurídicas se susciten en su desarrollo y ejecución», matizaba entonces, cuando el proyecto aún se encontraba en fase de redacción. Con esta memoria, el Ayuntamiento justifica la apuesta por el soterramiento que supone, de facto, la interrupción del convenio de integración ferroviaria firmado en 2017 por el Ministerio de Fomento (PP, Íñigo de la Serna), la Junta de Castilla y León (PP, Juan Carlos Suárez-Quiñones) y el Ayuntamiento (PSOE-Toma la Palabra, Óscar Puente). El convenio, mientras tanto, no ha sido denunciado por ninguna de las partes, por lo que sigue vigente. El Ayuntamiento ha aplazado el pago de las cantidades previstas en 2024 por entender que había suficiente dinero en la caja. La Junta sí abonó su parte, al igual que Adif y Renfe.

Es también el argumento que aporta Alberto Gutiérrez Alberca, concejal de Movilidad, a este respecto. «Nosotros, en los órganos adecuados, en ningún momento hemos dicho que se paralice [el convenio de integración]. Hemos dicho que se hagan las actuaciones que no impidan el soterramiento», afirma. Por ejemplo, la urbanización de la calle Salud. «El Ayuntamiento de Valladolid, sobre cualquier actuación, tendrá que pronunciarse lo que considere conveniente. Solo faltaba que nosotros no pudiéramos opinar de nada de lo que se va a desarrollar en la ciudad», apunta Gutiérrez Alberca, que explica que en las alegaciones al proyecto de Arco de Ladrillo y las que se hicieron al estudio informativo de la estación han acabado por imponer su criterio. «Lo único que estamos haciendo es defender los intereses municipales en la tramitación de aquellos proyectos que el Ministerio quiera tramitar a las bravas».

El bufete elegido para esa labor de asesoramiento es Jiménez de Cisneros Abogados, especializado en derecho administrativo. Al ser un contrato menor, el Ayuntamiento envió invitación a tres empresas para que participaran en la adjudicación. Solo respondió el despacho madrileño. Presentó una oferta sin IVA de 14.000 euros (16.940 euros en total). De ese monto, el Ayuntamiento ya ha abonado una primera factura por los «informes y reuniones de trabajo realizadas desde el mes de agosto de 2024 hasta el 18 de diciembre de 2024», por 5.645 euros, IVA incluido.

La primera actuación respecto a la estación de tren se produjo en el mes de noviembre. Adif remitió la documentación para que se presentaran las posibles alegaciones. El Ayuntamiento alegó, en primer lugar, que el documento enviado por Adif no tenía «la consideración de proyecto constructivo». Añadía que rebasaba «las funciones propias del proyecto de construcción», que el estudio de movilidad era insuficiente y que el espacio delimitado en los planos no se ajustaba «al fijado en el estudio informativo aprobado ni al Plan General de Ordenación Urbana». Esta última alegación se refería, concretamente, a la rampa del aparcamiento, que se adentraba en terrenos municipales. El resto de la obra discurre en terreno ferroviario, propiedad de Adif. La solución de Adif a la alegación fue desplazar la rampa para que quedara ubicada completamente en terrenos propios.

En su conclusión, además de proponer un informe desfavorable, se consideraba que la aprobación del proyecto debería ser notificada al Ayuntamiento. Y señalaba: «Momento en el que se adoptarán las acciones que en derecho correspondan para la defensa de los derechos e intereses municipales».

Esto parece abrir otra vía a un requerimiento o a un posible recurso contencioso-administrativo que intente suspender el proceso y la construcción de la estación de trenes, como se anticipaba en el caso del paso de Arco de Ladrillo. Desde el Ministerio y desde la propia sociedad Valladolid Alta Velocidad se ha defendido siempre que esta obra no podrá paralizarse porque se trata de una actuación que se ciñe exclusivamente al ámbito ferroviario, discurre íntegramente en terrenos de Adif y se encuadra en el catálogo de interés general ferroviario.

Hay que recordar que la de la estación es una obra con matices diferentes a la de Arco de Ladrillo. Aunque figura en el convenio de integración ferroviaria firmado en 2017, es una obra que impulsa únicamente Adif, que se hace cargo de todo el coste del proceso, desde la redacción del proyecto hasta su construcción. Por tanto, no pertenece a la sociedad Valladolid Alta Velocidad y no precisa del visto bueno de su Consejo de Administración, algo que sí ocurre en el caso de Arco de Ladrillo.