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Desde el sábado por la mañana, la presencia continua de una patrulla de la Policía Local mantiene controlados a los inquilinos ilegales que permanecen en el bloque. Sí se les ha dejado entrar o salir durante el fin de semana mediante el control de sus datos de filiación, pero se ha vigilado para que no se produjera ningún acceso de otras personas que no aparecieran en listado de cinco individuos, algunos de ellos muy jóvenes, que se elaboró tras la primera intervención policial. Este lunes se acaba esa prórroga.

Nieto espera que esta mediación dé resultado y no se enroquen en su negativa a abandonar en el edificio, como ya ocurrió hace dos días. La intervención, en la que participarán también agentes del cuerpo local, se quiere coordinar con Urbanismo. El plan sería sacarlos de las viviendas y a continuación tapiar todos los accesos al inmueble y cortar el suministro de electricidad, que estos días ha permanecido activo. Sería una primera medida de urgencia antes de estudiar la situación legal de la finca sobre la que pesa, desde marzo del año pasado, una orden municipal de demolición.

Los vecinos del entorno cruzan los dedos para que este plan de acción dé el resultado esperado. «Que los saquen de aquí y se los lleven donde quieran; lo que está claro es que esto que ha pasado se veía venir desde hace mucho tiempo», subrayan. Recuerdan «el montón» de quejas y escritos que han presentado al Ayuntamiento desde hace años para alertar de esta situación, que se ha disparado desde el pasado 15 de mayo cuando se han registrado al menos cuatro intentos de okupación, abortados por la Policía, hasta que al final burlaron a los efectivos y asaltaron el inmueble. «No queremos vivir con miedo; somos gente normal y no merecemos esto al lado de casa», insisten.