Valladolid

Un anciano espera más de cinco horas por una ambulancia tras el alta hospitalaria

Recurrieron por ello los afectados al Procurador del Común para poner una queja al respecto dado que el transporte sanitario bajo estas circunstancias es un derecho asistencial y de accesibilidad regulado como tal y, además, está estipulado en el pliego de prescripciones técnicas, que rige el contrato, «un tiempo de respuesta máximo para el inicio del servicio en un traslado no urgente y no programado consistente en un alta hospitalaria es de 60 minutos».

El funcionamiento del servicio resultó reiterativamente sin calidad por sus demoras importantes. Destaca la oficina de Tomás Quitana que «solicitada información a la Junta a este respecto, se corroboró por parte de la Consejería de Sanidad la veracidad de la denuncia formulada en el escrito de queja, si bien se indicó que para evitar situaciones como la que había provocado la queja de referencia, la Gerencia de Salud de Valladolid continuaría con las labores de inspección sobre los vehículos adscritos al contrato y además señaló que se estaba trabajando en la elaboración de un protocolo de actuación, para coordinar el servicio de transporte sanitario en las altas hospitalarias».

Así, precisa este Procuraduría que, «en atención a la información recibida, pusimos de manifiesto que la mejora continuada de los servicios públicos y el derecho de los ciudadanos a que los mismos se presten con la debida calidad deben guiar la actuación de la Administración autonómica y que la Consejería de Sanidad debe asumir su papel de responsable de la gestión del servicio público de transporte sanitario controlando posibles incidencias que puedan surgir». En consecuencia, «en nuestra resolución indicamos la necesidad de que se impartiesen las instrucciones precisas para evitar situaciones como la que habían dado lugar a la queja, que se utilizasen los mecanismos legales disponibles para hacer efectivo el derecho de los usuarios a un servicio de calidad e igualmente insistimos en que deben mejorarse las condiciones en las que se presta el servicio de transporte sanitario, de manera que se preste atención, entre otros aspectos, a los tiempos de respuesta para el inicio de un traslado, especialmente cuando se trata de personas dependientes o de avanzada edad».

El informe del Procurador del Común repasa la normativa y reconocimiento de derechos legales al respecto y recuerda la obligación de la Junta de tutelar esta subcontrata del servicio. La misma recayó en 2022 en la U.T.E. Ambulancias Castilla y León (Ambulancias Rodrigo, S.L.U. y Ambulancias Gredos, S.L.U.), por un importe de 58.520.769 euros. Con 91 vehículos, repartidos en nueve ambulancias de soporte vital avanzado para transporte urgente, veintiuna ambulancias de soporte vital básico para transporte sanitario y 61 recursos no asistenciales para transporte programado.

Concluye así este Defensor del Pueblo que «debemos reiterar a la Administración sanitaria que ha de garantizarse el respeto a la dignidad de los usuarios del sistema público de salud a cuyo efecto la Consejería de Sanidad debe asumir su papel de responsable de la gestión del servicio público de transporte sanitario controlando posibles incidencias que puedan surgir y que afectan a los pacientes, máxime cuando puede tratarse de personas vulnerables, como ocurre en este caso concreto, puesto que se trata de una persona dependiente y de la tercera edad que ha estado hospitalizada». Por todo ello, estima que la propia Consejería de Sanidad, «en aplicación del nuevo contrato de transporte sanitario en vigor, debe vigilar muy estrechamente el cumplimiento del mismo a fin de garantizar, como es obligado, una adecuada prestación del servicio de transporte sanitario y evitar situaciones como la que ha dado lugar a la presentación de esta queja».