![Las viviendas turísticas copan más de la mitad de las multas de la Inspección](https://s3.ppllstatics.com/elnortedecastilla/www/multimedia/2025/02/10/turistas-maletas-detorre-kjwE-U230815931974bjF-1200x840@El%20Norte.jpg)
![Las viviendas turísticas copan más de la mitad de las multas de la Inspección](https://s3.ppllstatics.com/elnortedecastilla/www/multimedia/2025/02/10/turistas-maletas-detorre-kjwE-U230815931974bjF-1200x840@El%20Norte.jpg)
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El intrusismo y la competencia desleal campan en el sector turístico. Así se vienen quejando desde los guías oficiales hasta la patronal de los industriales de la hostelería y asociaciones profesionales que intentan velar por los intereses de empresarios que ofrecen sus alojamientos por la ... vía legal y con la certificación oficial por delante para acreditar ante sus clientes que reúnen las condiciones establecidas por la administración competente, que en este caso es la Junta de Castilla y León. Sin embargo, la eclosión que vive el turismo se ha convertido en un cotizado negocio y en el objeto de deseo de 'piratas' que operan al margen de las normas.
Basta con ver el 'boom' de la proliferación de viviendas de uso turístico en Segovia, no solo en la capital. Captar viajeros es ahora una preciada golosina. A lo largo del último año, el Boletín Oficial de Coyuntura Turística que elabora la Administración autonómica ha registrado un incremento del 13,9% en los inmuebles particulares acondicionados e inscritos para el acogimiento de visitantes que recalan en la provincia. Así, la disponibilidad de estos establecimientos alcanzó al cierre de 2024 las 508 viviendas. Entre todas suman 4.724 plazas, un 10% más que las que había un año antes.
Un afloramiento explosivo, la abundante oferta y la dispersa geografía segoviana no ayudan precisamente a garantizar el cumplimiento de las reglas de juego oficiales y, por ende, a erradicar el instrusismo y la competencia desleal. La capacidad supervisora y la labor de vigilancia que ejerce la Administración regional quieren pero a menudo no pueden abarcar todo el sector de actividad turística. Pese a ello, el año pasado bajó la persiana con un total de 169 inspecciones llevadas a cabo.
Es una media mensual de catorce actas levantadas con sus pertinentes comprobaciones de que los negocios, ya sean viviendas, hoteles, agencias de viajes, empresas de turismo activo, alojamientos rurales, restaurantes, bares, apartamentos, campings o albergues, cumplen o no los requisitos de la norma regional y si cuentan con todos los permisos oficiales que avalan su apertura.
La mejor muestra de que el punto de mira está enfocado en tratar de controlar la expansión de las viviendas catalogadas como de uso turístico está en los números que facilita la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Segovia. De esas 169 inspecciones, 124 actas correspondieron a este tipo de alojamientos. Supone una media de diez mensuales, una cada tres días.
Esa tarea de vigilancia se saldó el año pasado con quince propuestas de sanción interpuestas a viviendas de uso turístico en la provincia, lo que equivale a algo más de la mitad de los 29 expedientes incoados en total en todo 2024 como consecuencia de la detección de irregularidades y que acabaron en multa para los infractores. En este capítulo de los castigos, destacan algunos hechos. Por ejemplo, que de las 16 visitas realizadas a locales de hostelería, diez terminaron con sanción para el negocio.
También cabe subrayar que las 18 inspecciones que se realizaron a establecimientos dedicados al turismo rural durante el ejercicio pasado por parte del personal de la Junta acreditaron que todos los negocios contaban con las autorizaciones en regla y estaban equipados según la legislación, por lo que no hubo que registrar ninguna sanción en este segmento de la actividad turística. Este dato ensalza el nivel de profesionalidad que ha alcanzado este modelo. Los hoteles, por su parte, apenas recibieron la visita de la inspección. Hubo tres actas en todo el año que derivaron en un expediente sancionador.
Como consecuencia de las dificultades que entraña estrechar el control, un importante porcentaje de las viviendas de uso turístico que se anuncian para albergar la estancia de viajeros se encuentra de manera ilegal.
Además de la demanda reiterada por gremios como el de la hostelería para pedir la intensificación de la vigilancia, grupos en el Ayuntamiento de la capital como Segovia en Marcha e Izquierda Unida han sido de los más incisivos a la hora de reclamar medidas para atajar un mercado desbocado que, además, contribuye a que la ciudad lidere los encarecimientos de los alquileres en España, como han argumentado estas siglas al reivindicar actuaciones como un listado de negocios dedicados al uso turístico que trabajan dentro de la legalidad y su ubicación concreta. Esta iniciativa fue rechazada en un pleno celebrado en el mes de julio del pasado año con los votos en contra del equipo de gobierno del Partido Popular y de los dos ediles de Vox.
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César Blanco Elipe
César Blanco Elipe
El Boletín de Coyuntura Turística empezó a incluir hace siete años en sus revisiones el modelo que ahora está tan en auge de los pisos, chalés o bungalós de particulares destinados a alquiler vacacional. Una forma de alojamiento que irrumpió a mayores de la que tradicionalmente brindan los hoteles, hostales, pensiones, campings o casas rurales, entre otros. Los datos analizados entonces ya remitían al ejercicio anterior para vislumbrar la evolución al alza. Entre 2017 y 2018, la provincia de Segovia pasó de tener oficialmente 159 viviendas de uso turístico a contar con 212.
Si se echa la vista atrás hacia esos tiempos, este modelo de vivienda de uso turístico ha más que triplicado su presencia en los escaparates a los que acuden los viajeros que van a estar al menos una noche en este destino cultural preferente de interior.
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