Las víctimas de violencia machista aumentan un 251% en diez años en Segovia

La segunda es que ese repunte responde a una mayor sensibilización social y de los entornos de las víctimas, lo que conlleva que cada vez hay menos miedo a denunciar estas agresiones por el mero hecho de ser mujeres. Sin embargo, todavía hay un alto porcentaje de agresiones, como ocurre con el acoso digital, que la víctima padece en silencio.

Las estadísticas anuales que recogen la actividad judicial, tanto civil como penal, que genera la violencia machista establecen un triste récord. El pasado año la administración judicial en la provincia recibió 759 denuncias, una media de más de dos diarias. Son 759 segovianas que en solo doce meses recurrieron a los tribunales; aunque, a tenor de la información publicada por el Poder Judicial, ninguna interpuso la demanda de manera directa. La inmensa mayoría fue a través de la intermediación policial.

Los atestados procesados que desembocaron en denuncia recogen tres supuestos. Los más frecuentes durante el pasado ejercicio en Segovia fueron los que además terminaron con la tramitación de la pertinente denuncia por parte de la víctima. Más de quinientos asuntos siguieron este canal. La segunda vía más empleada para elevar a los juzgados casos de violencia machista fue la de la propia intervención de la policía, ya que en 2023 se contabilizaron 173 denuncias en Segovia como consecuencia de dichas actuaciones. Más residuales son los atestados que acaban en la administración de justicia a raíz de la denuncia realizada por algún familiar de la mujer que padece alguna de las formas de violencia de género tipificadas.

Cuando se echa la vista atrás hacia las anteriores anualidades de la actividad que han desarrollado los órganos judiciales en esta materia, el volumen de expedientes que entran y se tramitan en sede judicial se ha multiplicado en poco tiempo. De ello dan fe los números del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Si ese espejo retrovisor se enfoca diez años atrás, entonces los órganos de la judicatura segoviana atendieron 216 casos de violencia contra la mujer. Por lo tanto, en este último decenio, el incremento de este tipo de asuntos ha sido del 251%. Es lo mismo que decir que se han más que triplicado en una tendencia ascendente que se mantiene prácticamente constante, como han advertido responsables del funcionamiento de la judicatura en la provincia.

Este aumento de la carga de trabajo justifica con creces la petición que la Audiencia Provincial de Segovia viene haciendo cada vez que tiene oportunidad, y las memorias de actividad anuales suelen servir de contenedor de las necesidades, más o menos imperiosas, que posee el sistema. Es esa evolución al alza ejercicio tras ejercicio la que además apremia una respuesta afirmativa del Ministerio a la demanda que se repite desde Segovia de un juzgado específico que entienda y atienda los casos de violencia contra la mujer.

El órgano judicial está «sobrecargado». Es la advertencia que se repite en la lista de necesidades pendientes de ser atendidas. A esa curva que dibuja el pertinaz crecimiento de los casos de violencia machista que llegan a los juzgados segovianos se añade la urgencia que requiere su resolución. Hace menos de un año, el presidente de la Audiencia Provincial, Ignacio Pando, destacaba que esa alineación de factores estaba poniendo «al límite la capacidad de respuesta de este órgano, poco compatible en su especialidad con el hecho de que al tiempo sea juzgado de instrucción, con sus correspondientes guardias, y de primera instancia, sin que la mera redistribución de asuntos por turno de reparto, por otra parte conflictiva al suponer el aumento proporcional del trabajo de los restantes, parezca la mejor opción».

Desde el punto de vista de las estadísticas judiciales, el dudoso récord de 2023 en cuanto a la cantidad registrada de denuncias relacionadas a la violencia machista en la provincia, contrasta con las medidas de seguridad y con las órdenes de protección establecidas por la justicia para las víctimas. El curso pasado, en conjunto, se solicitaron 88, aunque estuvieron activas bastantes más como consecuencia de dar continuidad a las que provenían de resoluciones del año anterior o debido a la instauración de las que estaban pendientes cuando fue posible.

Los mismos números oficiales del Consejo General del Poder Judicial correspondientes al curso pasado indican que el volumen de asuntos penales de violencia de género que ingresaron directamente ascendieron a 746. Pese a la sobrecarga a la que aluden los responsables de la administración en la provincia, el nivel de resolución suele ser elevado. A lo largo de 2023 se 'solventaron' 727. Al final del año, entre los que entraron y los procedimientos que se dilataron más en el tiempo, se quedaron en la cartera de pendientes de finalización 280 expedientes.

El frenesí judicial en los casos de violencia machista en la provincia también queda patente en las 460 diligencias previas que se abrieron durante 2023. Además, se resolvieron 474 y 154 pasaron a este curso presente sin haber sido resueltas. En cuanto a la apertura de diligencias urgentes, las estadísticas contabilizan 163 ingresos directos y 41 a través de los juzgados de instrucción que estuvieran de guardia.

Al recapitular los datos que arroja la actividad judicial en el ámbito de la violencia contra la mujer, el Poder Judicial pone también de manifiesto que el año pasado se registraron en la provincia de Segovia un total de 873 delitos. Dos de cada tres se corresponden con lesiones y malos tratos encuadrados en el artículo 153 del Código Penal. En él se tiene en cuenta la gravedad y las circunstancias en las que se produzcan.

Se refiere, por ejemplo, a episodios de menoscabo psíquico o de lesiones de menor gravedad de las previstas en el artículo 147, «cuando la ofendida sea o haya sido esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o persona especialmente vulnerable que conviva con el autor». El condenado se enfrenta a una pena de prisión de seis meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días.

Si el delito se lleva a cabo en presencia de menores, o si el maltratador emplea armas, o el episodio de violencia se desarrolla en el domicilio común o en de la víctima, o si el agresor lo comete quebrantando una de las penas contempladas en el artículo 48, ya sea cautelar o de seguridad, el tribunal le impondrá la pena en la mitad superior.

De esos cerca de novecientos delitos que recoge la estadística anual del Consejo General del Poder Judicial en Segovia, siete fueron por lesiones encuadradas en el artículo 148 del Código Penal, que a grandes rasgos son las que «menoscaban la integridad corporal o su salud física o mental» de la víctima. El castigo en estos procedimientos va a aparejado a une pena de cárcel que va desde los tres meses hasta los tres años o una multa de seis a doce meses si es declarado culpable, siempre que la lesión requiera, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico.

En lo que respecta al enjuiciamiento por violencia contra la mujer, el año pasado hubo 47 personas que se sentaron en los banquillos de los órganos judiciales de la provincia de Segovia. El porcentaje de condenas en estos procedimientos fue superior al 91% en 2023.