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«La definición de la Zona de Bajas Emisiones obedece a unos estudios técnicos que están sin hacer». El alcalde de Segovia, José Mazarías, responsabiliza con estas palabras al anterior equipo de gobierno conformado por la coalición del Partido Socialista Obrero Español (PSOE e Izquierda ... Unida (IU) de que el Ayuntamiento de la ciudad se vea ahora «obligado» a solicitar una prórroga para aplicar las medidas encaminadas a reducir la contaminación y la concentración de gases tóxicos que se acumulan en el casco urbano.
La delimitación de las áreas en las que se restringirá el tráfico de vehículos queda postergada porque aún hay mucho trabajo por hacer, muchos datos por recabar que imposibilitan los plazos previstos que apuntaban a finales de este ejercicio en curso. La anterior administración al frente del Consistorio ya había ejecutado algunas intervenciones, como el carril bici, para disminuir la emisión de gases de efecto invernadero que provocan los trayectos por la ciudad.
Además, se había propuesto que el reglamento que regulara la Zona de Bajas Emisiones de la ciudad estuviera listo a finales de este año, lo que ya no será posible a raíz de los nuevos tiempos que esboza el nuevo equipo de gobierno del Partido Popular en la corporación municipal.
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Los cálculos dicen que las restricciones de acceso a determinados entornos sobrecargados de tránsito rodado limitarán la circulación de más de 10.000 vehículos cuya antigüedad juega en contra del objetivo de reducir la polución.
Sin embargo, según critica José Mazarías, hay aspectos relacionados con la instauración de la Zona de Baja Emisiones sobre los que «no se había hecho nada». Pone el ejemplo de las mediciones del tráfico que ha empezado a hacer el Ayuntamiento este verano mediante la colocación de aforadores. En este sentido, el máximo responsable municipal defiende que la toma de datos se ha de hacer en distintas épocas del año para comprobar las diferencias en las densidades circulatorias.
El regidor del Partido Popular (PP), quien ha matizado que «no estoy contento cuando tengo que retrasar algo», ha incidido en que el Ayuntamiento, al igual que otras corporaciones en España, no tiene más remedio que aplazar la puesta en marcha de la Zona de Bajas de Emisiones. Asimismo, ha bosquejado una especie de cronograma con lo que queda por desarrollar, cuyo horizonte temporal se sitúa en los estertores del próximo año 2024, por lo que, de ser admitida la prórroga y de cumplirse las fases que Mazarías tiene en mente, la Zona de Bajas Emisiones entrará en servicio en torno al primer trimestre de 2025.
Las tareas que se están realizando se centran aún en la recogida de datos. Tras la medición mediante un aforador de la intensidad circulatoria que soporta la calle San Juan entre la plaza de la Artillería y San Agustín, ahora los equipos se han trasladado a la cuesta de San Bartolomé. Son viales de acceso al casco histórico de la capital segoviana. José Mazarías también ha apuntado que hay otros sistemas de recuento del tráfico instalados ya en otras partes de la ciudad que también van a contribuir a la labor de recoger datos que perfilen y sobre todo cuantifiquen las características del tránsito rodado por distintos puntos del casco urbano.
Este trabajo de recabar estadísticas va a continuar a lo largo de este año en curso, ha anticipado el alcalde. Una vez se hayan tomado los datos necesarios, hay que analizarlos y elaborar el proyecto de Zona de Bajas Emisiones, que conlleva también su correspondiente andadura administrativa en cuanto a la licitación que hay que sacar para «contratar los sistemas que hay que implementar». Este cúmulo de procesos «seguramente nos lleve todo el año 2024», por lo que el Ayuntamiento de Segovia se emplaza a finales del próximo ejercicio y principios de 2025 para tener preparadas y en funcionamiento las intervenciones asociadas a la implantación de la Zona de Bajas Emisiones.
El regidor popular confía en que con la prórroga el Consistorio no se pillará los dedos. «Tendremos un colchón para trabajar», asevera José Mazarías, quien a su vez recuerda que hay otras ciudades que están en la misma disyuntiva y que también se plantean recurrir a un tiempo extra para definir sus actuaciones.
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