Segovia

Las mutuas quieren controlar las bajas traumatológicas para acortar su duración

Tal y como esgrimen los responsables de esta agrupación en su informe anual sobre absentismo, «existe una sustancial diferencia de tiempo en la recuperación de la salud de los trabajadores cuando las bajas laborales que son diagnosticadas como dolencias traumatológicas son tratadas a través de los servicios públicos de salud de las comunidades autónomas respecto a cuando esas mismas patologías son atendida por las mutuas».

El colectivo compara los procesos iniciados por contingencia común, atendidos por Sacyl, con afecciones profesionales que conllevan baja y que son asistidas por estas entidades que colaboran con la Seguridad Social. La asociación señala que el tratamiento que hacen las mutuas de una patología traumatológica como pueden ser alteraciones de columna o de espalda reduce la duración de la incapacidad en unos 39 días de media.

Según los datos en los que se ampara la organización, el plazo medio de la baja laboral por este conjunto de dolencias se sitúa en casi 82 días. Ese promedio hasta que se concede el alta al trabajador baja a los 42 días y medio en el caso de que la atención la dirija una mutua.

Ese protagonismo que reclaman consiste en que puedan diagnosticar, realizar seguimientos y curar a pacientes aquejados de una patología traumatológica. Esa asistencia integral induce también a dar las altas a quienes ya estén recuperados para la vuelta al tajo. La ministra de Inclusión, Elma Saiz, ha manifestado este mismo año que este papel que reclaman las mutuas está cerca de cumplirse, lo que permitirá acelerar los tratamientos y acortar las duraciones de las incapacidades temporales.

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Además del factor tiempo, los representantes de AMAT defienden el valor económico que proporciona su gestión del absentismo laboral a las empresas. Y es que la agrupación, en la que están integradas dieciocho mutuas colaboradoras con el sistema público, subrayan cómo la atención que prestan permite «minimizar el coste que supone para los trabajadores, empresas y Seguridad Social». En esta línea, esgrimen a su favor «el incremento de la competitividad del tejido productivo y, con ello, los efectos en la creación de empleo».