El pacto salarial introduce fórmulas para reducir las bajas laborales y su duración

Poco después fue UGT quien aprobaba, también por unanimidad, el pacto que establece un incremento de las remuneraciones de los trabajadores cubiertos por un convenio del 4% en 2023 y del 3% en 2024 y 2025; un alza de al menos el 10% durante el periodo 2023-2025, prácticamente en consonancia con la inflación que se prevé para este trienio. Además, se incorpora una cláusula de revisión con subidas de hasta el 1% adicional finalizado cada uno de esos años si la inflación rebasa estos incrementos, con efecto de 1 de enero del año siguiente

Pero este acuerdo, que ha tenido una «dificultad» extra por el actual «contexto de máxima incertidumbre», no trata solo de salarios, sino que incluye toda una batería de medidas que buscan mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, como la regulación de los contratos temporales y fijos discontinuos, el teletrabajo, la desconexión digital, la jubilación parcial, los planes de empleo… entre otras muchas materias que se recogen en un completo documento de 32 páginas al que ha tenido acceso este periódico.

Una de las medidas estrella del documento –dejando a un lado el tema de los salarios– es actuar contra el elevado absentismo que se registra en los trabajadores españoles: cada día faltan a su puesto más de un millón de personas. Por eso, el nuevo AENC exhorta a «establecer líneas de actuación» para reducir el número de procesos de incapacidad temporal (IT) derivada de contingencias comunes y su duración.

Para ello, se permitirá que las mutuas puedan realizar pruebas diagnósticas y tratamientos terapéuticos y rehabilitadores en las bajas laborales de origen traumatológico, según consta en el texto. De esta forma, se insta a las administraciones a activar ámbitos tripartitos nacionales y autonómicos para analizas las causas, incidencia y duración de las bajas laborales, así como estudiar el impacto que la respuesta del Sistema Nacional de Salud tiene en los procesos de IT.

Esta era una de las principales reivindicaciones de los empresarios, introducir fórmulas eficaces del control del absentismo, aunque finalmente no han conseguido que las mutuas también puedan gestionar las bajas laborales, pero al menos sí que puedan agilizar los procesos para ofrecer asistencia de forma más rápida que la Seguridad Social.

El nuevo acuerdo colectivo también insta al Gobierno a modificar la actual normativa de revisión de precios en los procesos de contratación pública que impide su actualización «incluso en situaciones extremas como las actuales», con una espiral inflacionista que incrementa de forma significativa los costes. «Los trabajadores u empresas que participan en la contratación pública no pueden ser de nuevo los paganos de una norma que impide de facto revisar precios y, con ello, salarios», argumenta el texto.

Empresarios y sindicatos apuestan además por potenciar desde los convenios fórmulas de jubilación gradual y flexible para facilitar el tránsito desde la vida activa al retiro laboral y se comprometen a impulsar el contrato relevo en cada uno de los sectores y empresas, en función de sus circunstancias y características propias. Además, instan al Ejecutivo a cumplir su compromiso y convocar la mesa de diálogo social para impulsar el contrato relevo y negociar fórmulas que combinen trabajo y pensión en la recta final de la vida laboral.

A su vez, abogan por «fomentar» en los convenios los planes de pensiones de empleo a través de un seguro de ahorro a largo plazo.

Otra de las materias que trata este nuevo acuerdo es la contratación, puesto que la reforma laboral aprobada a finales de 2021 dejaba en manos de los convenios colectivos ciertas potestades. Así, los sindicatos han accedido a ampliar de seis meses a un año los contratos temporales por circunstancias de la producción en los convenios sectoriales, la duración máxima que permite la nueva norma.

Otro tema espinoso era la regulación de los contratos fijos discontinuos, que han experimentado un auge a raíz de la reforma laboral y hay ya más de 600.000 trabajadores en esta situación, según algunas estimaciones. En este sentido, se recomienda regular el tiempo mínimo de estos contratos sector por sector, pero se insta a crear un censo anual del personal fijo-discontinuo.

De igual manera, no se fija en este acuerdo el porcentaje máximo de horas complementarias para los contratos a tiempo parcial, aunque sí se establece que no pueden exceder el 60% de las horas ordinarias contratadas ni ser inferiores al 30% de las mismas.

Los convenios colectivos durante este periodo 2022-2025 garantizarán el derecho a la desconexión digital de todos los trabajadores, también de los que practican nuevas modalidades laborales, como el teletrabajo o la flexibilidad horaria. Así, recuerda que los trabajadores no están obligados a contestar a llamadas o emails fuera de su jornada laboral salvo que ocurran «circunstancias excepcionales de fuerza mayor», pero no establece nuevas obligaciones ni límites a las empresas.

De igual manera, patronales y sindicatos ven «imprescindible» adoptar fórmulas de flexibilidad laboral, para lo cual fijan como preferente el cómputo anual de la jornada, abogan por horarios flexibles de entrada y salida al trabajo y exhortan a articular sistemas de compensación por exceso y defecto.

El acuerdo insta a «ordenar y simplificar los complementos salariales teniendo en cuenta la perspectiva de género». Asimismo, pide fijar con «claridad» los sistemas de retribución variable y que tengan unos criterios «objetivos y neutros».