El Gobierno abre la puerta a jubilarse antes de tiempo y sin recortes por las limitaciones de edad

El Ministerio de Seguridad Social ha dado su brazo a torcer y ha accedido a esta petición de UGT y CC OO. Una de cal, pero otra de arena. La ha incorporado en el nuevo borrador de real decreto que ha enviado ya a los interlocutores sociales –y al que ha tenido acceso este periódico–, pero con matices: lo hace de forma tan vaga e inconcreta, sin abordarlo y establecerlo de forma específica y definitiva, que los sindicatos denuncian que se puede quedar en agua de borrajas porque dependerá de la voluntad política.

Así, se compromete a crear un grupo de trabajo en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la norma que estudiará y valorará «las ocupaciones, categorías o actividades profesionales en sectores concretos donde los requerimientos físicos o psíquicos del desempeño del trabajo a partir de una edad ocasionen una limitación objetiva para su desarrollo, aunque no se acrediten elevados índices de morbilidad o mortalidad».

Pero para UGT y CC OO esto se queda corto y es necesario incluir también la edad en los indicadores del nuevo sistema objetivo que quiere implantar el departamento liderado por Elma Saiz para fijar coeficientes que rebajen la edad de retiro en aquellas actividades profesionales que sean de naturaleza especialmente penosa, tóxica, peligrosa e insalubre. Unos indicadores que, según recoge el último real decreto, se basarán en la incidencia, persistencia y duración de los procesos de baja laboral, así como las incapacidades permanente o fallecimientos que puedan causar.

Estos cambios para el sindicato no son suficientes porque hay ciertos oficios, como por ejemplo las trabajadoras de dependencia y las camareras de piso (en femenino porque las mujeres son mayoría en estos colectivos), que sufren para desarrollar sus funciones a partir de determinadas edades y no pueden demostrarlo con accidentes laborales, bajas o enfermedades profesionales, porque tienen unas condiciones laborales tan precarias, que se automedican para poder llevarlas a cabo, puesto que si se cogen la baja cobran menos. Por eso exigen que la edad «se incluya claramente» y sin vincularlo a las contingencias profesionales.

Tampoco les convence el tratamiento que se hace de la dimensión de género, variable que los sindicatos y patronal consideran también prioritaria y para el que el Gobierno crea otra comisión para estudiar fijar coeficientes reductores en actividades con mayor presencia femenina. Los interlocutores sociales denuncian que hasta ahora los parámetros que se utilizaban, tales como peligrosidad o toxicidad, favorecen a los hombres en detrimento de las mujeres. Así por ejemplo, los pilotos pueden jubilarse antes de tiempo pero no las azafatas de vuelo.

Otro paso adelante que se ha dado en el último texto es que el Gobierno, también a petición de los agentes sociales, define lo que considera que es un trabajo penoso, peligroso, insalubre o tóxico y que, por tanto, puede beneficiarse de una reducción de los años de trabajo para jubilarse antes de la edad legal. Concretamente, entiende por penosidad la «realización de actividades en condiciones extremas que implican un esfuerzo constante o de gran dificultad caracterizado, entre otras circunstancias, por la exposición al calor o al frío extremo, ruido, vibraciones, atención permanente requerida, uso permanente de fuerza física, nocturnidad, turnicidad, uso permanente de equipos de protección personal portados». Así, los trabajadores sometidos a temperaturas de calor o frío extremo, ruidos, los que necesitan el uso de la fuerza o se realizan por la noche tendrán más fácil retirarse antes.

Lo que sigue pendiente es la reforma de la jubilación parcial. Los sindicatos y la patronal confían en que, como tarde, el próximo lunes Seguridad Social lleve a la mesa un texto con una propuesta concreta, puesto que había prometido enviarlo y no lo ha hecho. En este sentido, descartan alcanzar un acuerdo en los otros dos temas que sí se ha avanzado, el de los coeficientes reductores y la colaboración de las mutuas para las bajas de origen traumatológico, si no se permite compatibilizar trabajo con pensión y se impulsa una salida gradual y paulatina del mercado de trabajo.