«Hasta que no lamentemos un accidente realmente grave, no van a mover un dedo»

El también presidente ejecutivo de la Federación Castellana y Leonesa de Transporte en Autobús recuerda que el plazo para que expire la concesión actual de explotación, en manos de Iberpistas, sigue siendo el mismo: el 19 de noviembre de 2029. Por lo tanto, el encargo del estudio no varía estos tiempos y lo que insisten en reivindicar los industriales segovianos de este sector es que «se liberalicen los peajes de las autopistas ya».

El responsable advierte de que, mientras no se quiten los peajes, el peligro que entraña la intensidad de tráfico que soporta la travesía de San Rafael persistirá porque será el itinerario que escojan muchos camiones. Entre 1.200 y 1.400 transitan cada jornada por este tramo de la N-6. «Dios no lo quiera, pero hasta que no haya que lamentar un accidente realmente grave, no van a mover un dedo» para aliviar y solucionar el problema que acecha a este trazado urbano.

Va más allá y critica el «agravio» al que el Estado somete a los transportistas de la provincia mientras siga vigente el sistema de cobro por circular por los tramos de la AP-6, AP-51 y AP-61 desprovisto de ayudas o descuentos.

García se refiere, en concreto, a la medida adoptada por el Ministerio por la cual, desde este 1 de noviembre, se han mejorado las bonificaciones que de por sí vienen disfrutando tanto vehículos ligeros como pesados en la AP-66, entre León y Campomanes. Esta decisión del Gobierno de la nación viene motivada porque el paso por dicha autopista «es la única alternativa a la N-630, con un carril por sentido, a su paso por el puerto de Pajares».

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El director de Asetra recuerda que el problema que se da en la N-6 en la travesía de San Rafael es similar, ya que el flujo circulatorio ha de pasar por el alto del León; sin embargo, el Estado no ha contemplado ningún descuento que beneficie a los transportistas que hacen esta ruta, con los consiguientes gastos que acarrea. Las idas y vueltas diarias de un solo vehículo suponen un coste de hasta 1.200 euros al mes para alguna compañía afectada.