Aceves, sobre las bonificaciones de peajes en Galicia y en Segovia: «No se pueden comparar»

Aceves insiste en que será ese estudio, cuya finalización se espera para la primavera de 2025, el que determinará las pautas técnicas que condicionarán las posibles decisiones sobre las autopistas a partir de 2029. El diputado socialista no olvida que hay un Real Decreto firmado por Mariano Rajoy cuando era presidente del Gobierno para hacer cumplir una sentencia europea que establece la necesidad de realizar una nueva concesión de las autopistas por un periodo de siete años. «Un gobierno serio tiene que asumirlo y tenerlo en cuenta», añade el socialista.

Ahora bien, se mantiene el interrogante de cómo será esa nueva concesión. «Que el Ministerio de Transportes no haya dicho nada de qué va a suceder es lógico porque todavía faltan cinco años», defiende el diputado Aceves, partidario de que a partir de 2029 se eliminen los peajes para poder viajar entre la provincia de Segovia y la Comunidad de Madrid de forma gratuita por la AP-6, la AP-61 o la AP-51. Pero existe la posibilidad de que el estudio concluya que no se pueden eliminar los peajes. «Si tiene que haber una nueva licitación que sea en las mejores condiciones posibles para los ciudadanos», asevera.

A la espera de una decisión por parte del Ministerio de Transportes tras conocer en 2025 las conclusiones del informe, lo que sí está claro y es seguro es que los segovianos -y todos los conductores que circulan por la provincia- tendrán que seguir pagando el peaje de las tres autopistas que conectan con la Comunidad de Madrid. Más de cinco años -la concesión actual finaliza en noviembre de 2029- en los que si nada cambia miles de vehículos seguirán utilizando cada día la travesía de San Rafael para no tener que pagar los cinco euros como mínimo que cuesta utilizar la autopista desde el peaje más próximo al túnel de Guadarrama.

Para estos cinco años, José Luis Aceves apuesta por un acuerdo para que los viajeros recurrentes entre Castilla y León y Madrid tengan una «rebaja evidente» en el coste de los peajes. «Eso lo hemos llevado y debatido en las instituciones. Pero yo no oigo al Partido Popular defender nada de esto. Ahí la pelota está en su tejado. Nosotros defendemos mejoras evidentes para los usuarios recurrentes desde ya y en 2029 en las mejores condiciones posibles», afirma. Esas mejoras pasan, según declaró, por un acuerdo entre el Gobierno central, la Junta de Castilla y León y la Comunidad de Madrid para bonificar los viajes por la autopista. «Es lo que se ha hecho en otras autovías como en Aragón. Aquí el consejero Suárez-Quiñones dijo que estarían dispuestos pero luego esas declaraciones se les olvidan», comenta.

Tras poner el ejemplo de cofinanciación de las bonificaciones de los peajes en Aragón, Aceves fue preguntado por los casos de Galicia, donde tan solo es el Estado el que asume el coste de las bonificaciones, o el de Málaga, donde se estudia un modelo similar para la AP-7. «En Málaga no se sabe todavía. En Aragón, para hacerlo más fácil, las comunidad colabora», sostiene.

¿Y la comparación con la AP-9 gallega? En ese caso, el Gobierno central financia las bonificaciones sin acuerdo con la Xunta de Galicia. «No conozco con detalle el ejemplo de Galicia, pero no se puede comparar. Son proyectos diferenciados con actuaciones que vienen de sentencia judicial. No se puede decir que es exactamente igual en un lugar que en otro», defiende.

Por otro lado, Aceves sostiene que un acuerdo entre el Gobierno de España, la Junta de Castilla y León y la Comunidad de Madrid también debería incluir la bonificación de los trayectos para los vehículos pesados y que así estos no puedan circular por la travesía de San Rafael. Porque otras soluciones, como ejecutar la variante de la travesía, se consideran ya inviables. «Ya no hay tiempo material. Se caducó la licencia del impacto ambiental y ahora sería casi imposible tener una declaración positiva», concluye.