Erimsa defiende sus proyectos de minas en el nordeste de Segovia

La empresa asegura que su método de trabajo de extracción de cuarzo es completamente diferente a la minería tradicional y no alterará el modo de vida ni la riqueza natural de los municipios en los que tiene previsto llevar a cabo su actividad. Remarca que el sistema de cribado de terreno es similar al descantado que, históricamente, se ha realizado en las tierras agrícolas de Castilla y León para facilitar las labores del campo, por lo que la fertilidad de las fincas está asegurada. «Es además, un modelo inofensivo para la preservación del entorno, la seguridad y salud de los vecinos y de los trabajadores», explican en un comunicado de prensa.

Erimsa detalla que únicamente aprovecha el cuarzo de la capa superficial de los terrenos con un tamaño superior a 40 milímetros. El resto del material, en torno a un 92%, se deposita inmediatamente en el mismo lugar, por lo que se conserva la topografía original de los terrenos, sin que haya rebaja sustancial en el nivel. La empresa minera apunta que el área en el que trabaja de forma simultánea es inferior a dos hectáreas y lo hace de modo escalonado. «Es un protocolo que tenemos así establecido para evitar un mayor impacto paisajístico», sostienen. La compañía insiste en que la actividad minera está sometida a una estricta regulación y supervisión por parte de diferentes organismo y leyes, por lo que no caben prácticas perjudiciales.

En la nota de prensa, Erimsa explica que trabaja en régimen de alquiler de los terrenos, pactando las condiciones económicas previamente con los propietarios. La compañía asegura que esta es la mayor garantía de que su labor se desarrolla en un clima de entendimiento y de perfecta convivencia y armonía con el entorno.

Por último, confirman que el sistema de explotación proyectado en Segovia es idéntico al que llevan a cabo en una zona de alto nivel agrícola como es la comarca de Peñaranda. En las últimas tres décadas, han trabajado en régimen de alquiler más de 800 hectáreas firmando más de 138 contratos con 104 propietarios de terrenos diferentes. La inmensa mayoría han vuelto a arrendar sus fincas, siempre alcanzando acuerdos y sin que, en ningún caso, la compañía haya tenido que recurrir al derecho de expropiación, amparado por ley. La compañía insiste en que la actividad minera está sometida a una estricta regulación y supervisión por parte de diferentes organismo y leyes, por lo que no caben prácticas perjudiciales.