Las licencias de las minas en el nordeste dependerán del dictamen técnico ambiental

Suárez-Quiñones ha explicado que «las actividades económicas han de estar amparadas en la legalidad y la Junta de Castilla y León no es una administración que otorga o niega licencias por capricho o voluntad política, sino que tienen que cumplirse los trámites». Ha aludido al derecho constitucional de libertad de empresa, por el que cualquier persona o sociedad puede solicitar cualquier actividad empresarial, cumpliendo los filtros legales. No obstante, ha recordado que los filtros, en este caso medioambientales, son «muy exigentes, con una declaración de impacto ambiental muy rigurosa, realizada con informes técnicos, no de políticos, sino de personal funcionario».

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Según el consejero de Medio Ambiente, si la solicitud de actividad pasa el plácet de requisitos ambientales, «es un acto obligado el conceder autorización». Además, ha señalado en declaraciones recogidas por Europa Press que los tribunales tendrían la última palabra en el improbable caso de que la decisión final de las administraciones no coincidise con el sentido de los informes.

El presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, ha añadido que «las cuadrículas mineras en las que trabajar las aprueba el Gobierno de España», por lo que considera que la reivindicación sobre el por qué de una actividad minera en esta comarca «habría que hacerla, en primer lugar, al Gobierno de España».