Empleados de la funeraria sacan un féretro durante la crisis del coronavirus en Segovia. Antonio de Torre

583 defunciones atribuibles a la covid cuadruplican la mortalidad en Segovia en marzo y abril

Los datos facilitados por el Tribunal Superior de Justicia a partir de las licencias expedidas de enterramientos diferencian entre casos confirmados y sospechosos

Martes, 12 de mayo 2020, 15:40

El registro civil ratifica el impacto letal de la pandemia del coronavirus en la provincia segoviana. Este martes, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha dado a conocer el registro de licencias de enterramientos expedidas en marzo y abril, los de mayor incidencia de la enfermedad. Los resultados son demoledores. A lo largo de estos dos meses, en Segovia han fallecido en total 504 y 422 personas, respectivamente. Estas 926 defunciones cuadruplican las que se registraban en las mismas mensualidades de los años 2019 y 2018, según los datos aportados por fuentes judiciales.

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El azote multiplicador de la covid-19 queda demostrado en los fallecimientos que el registro civil relaciona directamente con la enfermedad o con lo que denomina «casos sospechosos» por los síntomas y circunstancias del óbito, consideradas compatibles con el contagio y las complicaciones patológicas que derivaron en el fatal desenlace.

Así, marzo se convierte en el mes más mortífero, con 138 defunciones de segovianos con el coronavirus confirmado y 155 más achacables por los órganos judiciales a los citados casos sospechosos. En total, 293 muertes, que por sí ya supondrían más del doble de todas las registradas en el mismo mes de 2018 y 2019, cuando el registro contabilizó 138 y 116, respectivamente en cada uno de esos dos ejercicios precedentes.

Estos mismos datos facilitados por el TSJCyL dejan entrever la extensión de las pruebas de diagnóstico y cómo en abril aumentaron las defunciones por la covid-19 en finados que tenían confirmada la enfermedad hasta alcanzar las 166. Por otro lado, y con respecto a marzo, baja la expedición de enterramientos de fallecidos catalogados como casos sospechosos de coronavirus, que aun así sumaron en dicho periodo de tiempo 124. En total, en abril, el coronavirus estuvo detrás de 290 fallecimientos, según se extrae de la actividad del registro civil.

Para hacerse una idea de la dimensión mortal que ha tenido hasta ahora la pandemia en la provincia, en ese mismo mes de 2018 y 2019 murieron 143 y 128 personas, por lo que de nuevo solo las muertes relacionadas con la infección duplican todos los óbitos registrados en abril en los dos años anteriores.

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La publicación de estas cifras por parte de la Sala Autonómica es fruto del acuerdo firmado a mediados del pasado mes de abril en el que el Tribunal Superior de Castilla y León se propuso acotar lo máximo posible los datos y las causalidad sobre la mortalidad de la covid-19 en la comunidad autónoma. Los responsables judiciales observaban cómo en marzo se había disparado la carga de los diferentes juzgados como consecuencia de «la expedición de licencias de enterramiento, ofreciéndose datos preocupantes en algunas poblaciones y partidos judiciales por su elevadísimo número, singularmente en las capitales de provincia, y otras grandes poblaciones», argumentó el presidente del TSJCyL, José Luis Concepción.

A su vez, también se detectó en las sedes judiciales que «existían numerosos casos en los que las certificaciones médicas no concluían como causa fundamental de la muerte el contagio por coronavirus, pese a la existencia de procesos patológicos compatibles con dicha enfermedad, e incluso se hacía referencia a sospechas de la misma, lo que podía afectar al correcto cumplimiento de las previsiones legales y reglamentarias en el despacho de estas licencias e inscripción de las defunciones».

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El pasado 13 de abril se remitió una circular a los jueces encargados y a las agrupaciones de secretarías de Juzgados de Paz y al resto de estos organismos en la que se solicitaba por parte del Tribunal Superior de Justicia información sobre el número de las licencias de enterramiento expedidas durante los meses de marzo y de abril. Asimismo, se pedía que se diferenciaran los supuestos en los que se concluyera que la causa de la muerte era la covid-19 de aquellos en que se consignase como probable o sospechosa.

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