La custodia compartida se afianza como el régimen «más beneficioso» para el menor

En el ámbito del Derecho de Familia, debe primar el denominado «interés superior del menor», que no deja de ser «la garantía que se le da a los retoños para que se tengan en cuenta sus derechos y sean protegidos, antes de que alguien tome decisiones sobre su vida y sus intereses».

Las demandas de divorcio tramitadas en los juzgados de la provincia de Segovia muestran cómo la custodia compartida se ha consolidado al resolver sobre el futuro de los hijos del matrimonio que se rompe. En los últimos diez años, se han cuadruplicado estas decisiones judiciales, como refleja el Instituto Nacional de Estadística (INE). Los números avalan así la doctrina del Tribunal Supremo, que volvió a ratificarse hace poco en que «la custodia compartida es, en abstracto, el régimen más beneficioso para el menor».

Sanz Rivas coincide y comparte esta instrucción. Incide en que dicha fórmula de convivencia tras la separación legal de los cónyuges «es beneficiosa para los menores porque comparten el mismo tiempo con los padres que con las madres sin que pueda generarse una carencia con respecto a uno de los progenitores». En esta línea, la abogada segoviana hace hincapié en el efectivo cumplimiento de la medida. Por ello, llama la atención sobre la necesidad de que se tenga en cuenta que «el grado de implicación de los padres tiene que ser igual, ya que de lo contrario, la custodia compartida no sería posible».

El interés superior de los hijos de matrimonios que se apagan y que aún no han alcanzado la mayoría de edad ha de salvaguardar «su desarrollo integral para que el menor pueda llevar una vida plena, tanto en lo afectivo como en lo material, para su bienestar», rezan fuentes judiciales. Si al final las discrepancias que alejan a los progenitores son irreconciliables, y hay vástagos mayores de 12 años, «es muy probable que en un contencioso tengan que ser escuchados por el juez».

Esta es una de las razones que la letrada del Colegio Oficial de Abogados de Segovia intuye detrás de que cada vez se vean más rupturas consensuadas. Y es que, «si existe un convenio regulador, por regla general se le evita al menor pasar por esta situación, salvo que el Ministerio Fiscal decida que quiere oírle», matiza Sanz Rivas, quien también subraya a favor de los pactos la consecuencia habitual de que los tiempos judiciales sean más cortos.

Al revisar los datos del INE, se observa que hay un punto de inflexión en 2020. Ese año, las custodias compartidas resueltas por los tribunales de Segovia superaron en número a las que se concedieron a las madres. Fue el culmen de la tendencia que se venía dibujando desde 2013, cuando en nueve de cada diez rupturas matrimoniales los jueces otorgaban la tutela de los menores a las progenitoras. La tutela paterna solo se daba en el 3% de los procedimientos tramitados en los juzgados.

En relación con las consensos previos al divorcio alcanzados entre las partes, otra conclusión que se extrae de los datos objetivos sobre disoluciones matrimoniales es que, con el paso del tiempo, las demandas de divorcio presentadas por los dos cónyuges han ido en aumento, con altibajos, eso sí, a lo largo de los últimos diez años.

El último ejercicio del que posee estadísticas el INE es 2023. Al bajar la persiana de dicho curso, las rupturas promovidas por los padres en los juzgados, que siempre han sido minoritarias, se acercaron más que nunca a las que interpusieron las madres: 18 frente a 21, lo que supone que en ese año las tramitaciones de divorcio presentadas por los esposos se triplicaron con respecto a 2022.