Colegios de Segovia han sufrido la ola de frío con la calefacción limitada

Según añade María Gamallo, los «retrasos» en el abono de importes han condicionado algunos aspectos de la gestión que hacen los colegios e institutos. Aunque ahora los pagos empiezan a fluir, «ha pasado el año natural» y además «se está recibiendo menos dinero». La junta de personal docente matiza que la Dirección Provincial de Educación ya les advirtió de la posible tardanza y de quizás llegarían cuantías algo inferiores a las previstas. «Queremos que nos digan si es un recorte encubierto», reclaman las centrales integradas en el órgano representativo del profesorado.

Ante la incertidumbre sobre si recibirían a tiempo el presupuesto y de si podrían contar con la totalidad del citado libramiento, ha habido colegios que durante «varios días» de temperaturas gélidas han optado por limitar la calefacción por si acaso se excedían del gasto, sin llegar a alcanzar la temperatura recomendada, insiste la junta de personal docente.

Este es uno de los problemas que el ente laboral ha citado al desgranar la lista de deficiencias. Así, Cristina Olmos, quien ejerce de presidenta, pone encima de la mesa la reivindicación sindical «pertinente» de «asignar una enfermera escolar a cada centro o, si es necesario, que la compartan varios». En el fondo de esta subyace cambiar el actual criterio, ya que en la actualidad esta figura de atención sociosanitaria se concede al alumno cuyos padres previamente han solicitado y presentado un informe médico que refleja las necesidades del menor. Esta petición la tramita la Dirección Provincial de Educación, que la remite a la Consejería y una comisión determina si procede o no la asignación al estudiante de una enfermera.

Esta reivindicación se amplía al Centro Rural de Innovación Educativa (CRIE) de Fuentepelayo, que a lo largo del curso recibe alumnos de toda la provincia que permanecen fuera de sus casas durante una semana. A estas convivencias acuden niños con patologías que requieren una atención sanitaria específica, justifican los sindicatos su petición.

La relación de problemas sigue. En el capítulo de «retrasos en los pagos» que ha de hacer la Junta, además del segundo libramiento, Gamallo comparte la queja sindical por las demoras en los abonos que se deben hacer a los miembros de los tribunales de oposiciones. La portavoz relata que «tienen que adelantar el dinero del hotel en el que se alojan, de la gasolina si se desplazan en el coche particular y de las dietas». La tardanza en percibir esos costes realizados se alarga seis meses, lamenta a partir de la experiencia de otros compañeros. Además, hay casos en los que no se devuelve todo el dinero anticipado.

Algo parecido padecen profesores que trabajan en el programa de refuerzo educativo y que dan clases a determinados alumnos durante el mes de julio. «Algunos lo han cobrado, otros solo han cobrado una parte y los hay que no han recibido nada». Las demoras objeto de la queja también afectan al abono por parte de la Administración de los importes por itinerarios para cubrir el desembolso que hacen los trabajadores de enseñanza al poner su coche particular para ir de un centro a otro en el caso de que impartan clases en varios sitios.

Las carencias continúan a la hora de analizar el estado de colegios e institutos. Cristina Gil nombra la existencia de «desperfectos en sistemas de calefacción, en las instalaciones eléctricas o en patios». La climatización también ha dado más de un quebradero de cabeza. Por ello, los representantes de los docentes piden la elaboración de un plan de evaluación que contenga las características específicas de cada escuela, colegio e instituto con el objetivo de «hacer infraestructuras seguras y funcionales». Asimismo, alertan de que hay edificios educativos «muy antiguos» que piden a gritos una rehabilitación y reformas.

Aún hay más. Los seis sindicatos reclaman la dotación de al menos un administrativo en cada centro. La razón sobre la que sustentan la petición es que «la carga de burocracia cada vez es mayor» y la gestión de todo ese papeleo no ha de atribuirse al personal docente.

Por eso, reivindican a la Junta que establezca un criterio y, por tanto, defina una ratio en la provisión de administrativos, que dote a los centros escolares de esa plantilla de manera «inmediata» detallando cuáles son las funciones que asume. En la provincia de Segovia, los institutos Mariano Quintanilla o Peñalara, así como el colegio Peñascal o los Centros Rurales Agrupados Encinar y Los Almendros, carecen de administrativo.

Además, el ente sindical reclama la sustitución de las bajas, tanto de los interinos, que se hace más rápido, como de los funcionarios de carrera, que, según critican las organizaciones, no se cubren. Así, la Dirección Provincial «se ha quedado desnuda de administrativos» cuando han coincidido bajas.