La acusación particular estudia pedir la prisión permanente revisable para la madre de Olivia

Las razones son «estrictamente profesionales», matiza y subraya Labrador, ya que el su colega en esta causa es además presidente de Vox en Asturias. El abogado segoviano quiere hacer hincapié en desligar la representación política de Ignacio Blanco, quien le sustituyó este miércoles en las diligencias que se llevan a cabo en Gijón relacionadas con el caso. «He solicitado su auxilio ajeno a otras cuestiones», insiste en precisar.

Asimismo, la acusación particular personada tiene «el objetivo» de pedir para la madre de Olivia la prisión permanente revisable. Es decir, la máxima pena privativa de libertad que hay en España. Por el momento, Labrador indica que, hasta ahora, coinciden las calificaciones provisionales del Ministerio Fiscal con las que está extrayendo la representación legal de la familia, por lo que procede la «acusación por asesinato con la agravante de parentesco», además de «coincidir con otros requisitos penales que pudieran corresponder a la prisión permanente revisable».

Uno de ellos es que la víctima, Olivia, es una niña de seis años, dado que la citada pena contempla como uno de las factores aplicables que la persona asesinada sea menor de 16 años o que se encontrara en situación de vulnerabilidad especial.

Daniel Labrador explica que, de todos modos, «aún es pronto y estamos muy lejos» para definir los detalles del escrito de calificación, ya que hay una instrucción abierta. El abogado de Eugenio García explica que, al ser una causa penal, el Ministerio Fiscal se persona de oficio, y que luego las partes y perjudicados tienen la opción de personarse y ser parte del proceso judicial, lo que ya ha ejercido la familia.

En este sentido, y a fecha de hoy, no tiene constancia de que haya más partes que vayan a registrarse como acusación popular. La Asociación por la Custodia Compartida de Segovia se lo está planteando, aunque no hay nada decidido. Hay que ver que el proceso se instruye en Asturias, lo que encarece los gastos aparejados a la personación, y los recursos de este colectivo son limitados.

En cuanto a cómo se ha llegado a la tragedia que ha conmocionado a la sociedad y que se está viviendo con especial consternación en Segovia y Asturias, el abogado reitera una conclusión: «Han fallado las personas». Y cuando afirma esto, Labrador se refiere a la presunta asesina, pero también a calvario judicial que ha pasado el padre de Olivia durante los últimos cinco años, en el que «ha habido muchas denuncias falsas», sin acertar a concretar un número. En todo este tiempo, Eugenio García y su representante legal han tenido que afrontar «entre doce y quince causas penales», a las que hay que sumar las civiles.

«El fatal desenlace acredita que el sistema no funciona», lamenta Daniel Labrador. «Cuando nos pueden los prejuicios se pierde la objetividad», apostilla en su reflexión en voz alta sobre la excesiva judicialización y los fallos que ha habido en este caso.

«Las relaciones familiares son muy complicadas, y si además se contaminan por determinados procedimientos, se enrocan y enquistan más». A partir de esta premisa, el letrado pone en duda que «un juez o un fiscal puedan enjuiciar en treinta minutos toda una vida por una conducta fuera de contexto o que no se ha producido», asevera al hablar de las denuncias falsas que fue superando su representado hasta que el viernes pasado consiguió la custodia completa de Olivia. Sin embargo, antes de que pudiera recogerla y volver a Segovia con ella, la pequeña supuestamente fue asesinada por una sobredosis de barbitúricos que le administró la madre.