Imputan al presidente del PP de Salamanca por posible financiación ilegal en las primarias de Mañueco

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha confirmado la decisión del juez instructor, que ha emitido un auto este martes en el que apunta que existen «indicios racionales de la presunta comisión de un delito de financiación ilegal de partido político» y por eso cita para el 30 de diciembre a Javier Iglesias, como máximo responsable del PP en Salamanca. Una hora después que el histórico dirigente popular deberá comparecer ante el juez la gerente del partido, María Isabel Sánchez, también en calidad de investigada, que es como se define ahora a los imputados, y con asistencia letrada.

Será la tercera declaración de la responsable de las cuentas del PP salmantino ante el juez. En las dos anteriores ha respondido a las preguntas como testigo, declarándose siempre al margen de la gestión de las entradas de dinero en efectivo que sirvieron para poner al día las cuotas atrasadas de afiliados, requisito indispensable para votar en las primarias del partido y que permitió 'engordar' el censo electoral en ese proceso interno. El supuesto planteamiento de la operación política se cimenta en la puesta al día desde la dirección del partido, que era la que controlaba la organización de las primarias, de cuotas de afiliados afines al entonces candidato a suceder a Juan Vicente Herrera al frente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

El auto judicial eleva la suma total con la que supuestamente se amortizaron esas cuotas de afiliados morosos a al menos 61.937 euros y apunta que aún en el caso de aceptar los recibos aportados por el PP «quedan sin justificar» importantes sumas de dinero que «han de calificarse como donación anónima ilegal». Estas donaciones están prohibidas a las formaciones políticas. Tanto el fiscal como el letrado de la acusación particular han puesto de manifiesto las dificultades para desentrañar el contenido de los documentos aportados por el PP, puesto que están anonimizados y es en la práctica imposible cotejar a quien corresponden los recibos, los asientos bancarios y conectar estos con los afiliados que se incorporaron al censo de votantes.

Eso arrojaría luz sobre cómo se articuló el pago y si hubo criterios o no para seleccionar a los beneficiarios, algo que los múltiples cargos y asesores que han sido citados entre mayo y septiembre aseguran desconocer o apuntan de manera difusa.

El juez toma esa decisión tras escuchar en sede judicial las respuestas de alrededor de cincuenta cargos públicos y colaboradores y asesores del PP y de instituciones en las que gobierna, principalmente la Diputación de Salamanca, y tras una petición expresa del fiscal. Impulsa este proceso una denuncia del Foro de Izquierdas-Los Verdes, cuyo letrado ha logrado en tres ocasiones reactivar la investigación que cerraba el juez instructor apelando a la Audiencia de Salamanca.

Ese tercer auto de la Audiencia instando a practicar nuevas diligencias es de principios de este año y los magistrados firmantes pusieron por escrito que «si algo queda claro es la opacidad en las operaciones llevadas a cabo para un poner al día las cuotas de los afiliados morosos y permitirles así su participación en el proceso electoral interno que se iba a celebrar de forma inmediata», recoge textualmente el escrito de la Audiencia de Salamanca, que no entra a calificar los hechos.

En aquella decisión de requerir al instructor nuevas probatorias pesó el hecho de que la gerente provincial del partido advirtiera que la documentación aportada hasta el momento, «fragmentada e indescifrable» según el recurso presentado contra la decisión del instructor de no practicar más pruebas, no había sido elaborada por ella, sino por otros dirigentes del partido, además de asegurar que quienes presentaron declaración jurada por las aportaciones nunca le dieron cuenta de ese dinero.