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Los testigos que han ido declarando ante el juez que investiga la denuncia por financiación ilegal de partidos políticos en el caso de las primarias autonómicas del PP de 2017 en Salamanca han señalado que las aportaciones al contado para poner al día las cuotas ... atrasadas de militantes y que así pudiera votar en el proceso se recaudaban en dependencias de la Diputación de Salamanca, concretamente en el despacho de grupo popular, y en el Ayuntamiento de la capital. Esto último lo ha corroborado un testigo «cualificado» que trabajaba en el Consistorio y que ha tenido que testificar dónde entregó su aportación. Del Consistorio era alcalde entonces Alfonso Fernández Mañueco y el presidente de la Diputación, Javier Iglesias, es a la vez presidente del PP salmantino. Iglesias declaró el pasado mes de abril.
Por el juzgado han pasado este martes el diputado José Antonio Bermúdez de Castro, el senador Gonzalo Robles, el procurador Salvador Cruz y Xabier Domínguez Gabiña, asesor de Alfonso Fernández Mañueco durante su etapa como consejero y alcalde de Salamanca y hoy director general de Análisis y Planificación en la Junta. Han completado la ronda de declaraciones, todas grabadas en vídeo, Concepción Miguélez, exprocuradora autonómica y alcaldesa de Alba de Tormes, y Juana González Mulas.
Todos ellos habían presentado una declaración jurada, hace meses, en la que reconocían aportaciones personales. Unos de mil euros y otros de quinientos. Básicamente coincidieron en declarar que no sabían a quién habían entregado esas sumas al contado, pese a reconocer que a nivel personal tienen domiciliados los pagos de las cuotas del partido, ni la deuda de qué afiliados se había saldado con ese dinero o que criterios se seguían para seleccionar a unos afiliados y no a otros.
Las hicieron de forma coordinada en los días previos a las primarias del PP y la finalidad de ese dinero era pagar los atrasos de otros afiliados y que accedieran al censo del proceso que enfrentó a Alfonso Fernández Mañueco y al leonés Antonio Silván para relevar a Juan Vicente Herrera al frente del PP de Castilla y León. Estar al corriente de pago era requisito indispensable para poder votar.
Lo que el juzgado debe dirimir es si esa canalización de dinero al contado, que podría situarse en el entorno de los 60.000 euros, se registró legalmente en la contabilidad del partido, algo difícil de mantener, según destacó el abogado que dirige la acusación impulsada por el Foro de Izquierdas Los Verdes, Francisco Martín del Río, porque la Ley de Financiación de los Partidos Políticos prohíbe desde 2015 las operaciones en metálico para prevenir la corrupción y determina de forma «imperativa» las cuentas en la que deben reflejarse los ingresos. El letrado ha valorado que cualquier ingreso en metálico quedaría al margen de lo que regula la legislación y que no se están aportando documentos que respalden que las aportaciones efectuadas por los dirigentes del PP se ajustan a la normativa.
La gerente del PP de Salamanca, Isabel González, que ha declarado ante el juez en dos ocasiones, reiteró en estas que había estado al margen de este proceso recaudatorio y que ella no habría recogido dinero en mano porque es una práctica que no permite la legislación. Bermúdez de Castro, que fue ponente de esa norma en el Congreso de los Diputados, intentó ayer desvincular del partido esa recogida organizada de aportaciones.
Francisco Vázquez, secretario del PP de Castilla y León, circunscribió las declaraciones judiciales en el marco de una «ampliación de datos» y confió en que la investigación acabe archivada, según recoge Ical. «Les han dicho que vayan a declarar y no pasa nada», apuntó sobre la treintena de cargos que declararán en la investigación sobre posible financiación ilegal hasta octubre.
La Audiencia de Salamanca ha ordenado al juez instructor, hasta en tres ocasiones, reactivar la investigación y requerir documentación al PP o tomar declaraciones. «Si algo queda claro en la opacidad en las operaciones llevadas a cabo para un poner al día las cuotas de los afiliados morosos y permitirles así su participación en el proceso electoral interno que se iba a celebrar de forma inmediata», recoge textualmente el auto en el que la Audiencia Provincial instó al instructor en febrero a practicar más pruebas, entre ellas la toma de declaración a las personas que mediante declaración jurada habían reconocido hacer esas aportaciones voluntarias al partido.
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