Dos testigos ahondan en las contradicciones sobre la financiación de las primarias que ganó Mañueco

Lejos de despejar aquellas contradicciones sobre cómo se tramitaron supuestas donaciones en efectivo, algo prohibido por la Ley Orgánica sobre la Financiación de los Partidos Políticos, tras el segundo interrogatorio han aflorado nuevas «incoherencias» en las respuestas respecto a las declaraciones anteriores, que están grabadas en vídeo, indican fuentes cercanas a la investigación.

Las testigos no despejaron las dudas detectadas por el instructor sobre el procedimiento de gestión de dinero que supuestamente entregaban dirigentes populares en «sobres en blanco» para poner al día la cuotas de afiliados y ampliar el censo de votantes en las primarias que ganó Alfonso Fernández Mañueco. Tanto la acusación como el fiscal han insistido en que es inútil manejar la documentación «anonimizada» sobre los recibos, cuentas y listados de afiliados del PP. Sin nombres es imposible rastrear conexiones contables entre fechas, personas, extractos bancarios y listados de afiliados.

Eso se produce cuando ya el juez ha tomado declaración en el proceso a alrededor de 50 personas vinculadas al PP, entre las que destacan el propio presidente de la Diputacion y del PP salmantino, Javier Iglesias o el diputado José Antonio Bermúdez de Castro. Se da la circunstancia de este histórico parlamentario popular fue el ponente de la ley que regula la financiación de los partidos políticos. También se sentaron ante el juez, el fiscal y el letrado de la acusación el exprocurador autonómico Salvador Cruz, o el actual director general de Análisis y Planificación de la Junta de Castilla y León, Xavier Domínguez Gabiña, además de numerosos cargos municipales y provinciales del PP y asesores y colaboradores tanto de Javier Iglesias en la Diputación como del propio Alfonso Fernández Mañueco en la Junta. Las partes no han podido utilizar el contenido de esa documentación en esas testificales.

De hecho, este martes ha sido el primer día que las partes han tenido acceso a la documentación, casi a la vez que participaban en las nuevas declaraciones de las dos testigo a las que ha vuelto a citar el juez instructor. La premura de tiempo hacía en la práctica imposible cotejar ese volumen de documentación.

La investigación resurgió tras un tercer auto, a primeros de este año, en el que la Audiencia de Salamanca instaba al juez instructor a prácticar diligencias. «Si algo queda claro es la opacidad en las operaciones llevadas a cabo para poner al día las cuotas de afiliados morosos», recogía aquel auto en el que la Audiencia instaba al instructor a practicar más pruebas y que dio lugar a la citación como testigos en un amplio número de cargos y dirigentes del PP de Salamanca a partir de junio y durante todo el mes de septiembre. Todas esas declaraciones ha sido grabadas en vídeo.

La investigación judicial tiene su inicio en la denuncia de un afiliado ya fallecido, que dejó grabado un vídeo en el que relata pormenorizadamente que le llamaron de la Diputación de Salamanca pidiendo su voto para Fernández Mañueco y que le pagaban los atrasos de las cuotas para que pudiera hacerlo. Estar al día de las cuotas de afiliación era requisito imprescindible para poder votar.

Entre las cuestiones pendientes, el juez instructor está a la espera de la remición de un informe que ha demandado al Tribunal de Cuentas sobre la contabilidad del Partido Popular de Salamanca.