Pablo Arellano Pardo, interventor general de la Administración del Estado

«Debemos ser el mayor garante de los vecinos en el uso de los recursos públicos»

–¿Por qué se ha elegido la capital palentina para acoger el Congreso de Control Interno Local?

–Hace cinco años echó a andar el proyecto del Congreso de Control Interno Local como un encuentro de experiencias. La ausencia de este tipo de foros a nivel nacional, unido a la gran cantidad, dispersión y heterogeneidad del sector local, hacía que cada órgano de intervención ejerciera sus funciones de forma muy aislada, sin posibilidad de compartir de forma conjunta estas experiencias. Tras Badajoz y Huesca, la Diputación de Palencia se ofreció a acoger esta tercera edición y nos pareció fantástico a todos los organizadores. Creo que va a ser una gran ocasión, con 450 asistentes de todos los puntos de España, de acercarnos y conocer esta maravillosa ciudad y provincia, de la que no me cabe duda que luego seremos buenos embajadores.

–En este simposio se abordará el control interno local, labor que desempeñan secretarios, interventores y tesoreros de ayuntamientos, diputaciones y otras entidades. ¿A qué retos se enfrenta el gremio?

–La función de los interventores locales es fundamental para asegurar a los ciudadanos, a sus vecinos, que los fondos públicos con los que contribuyen al sostenimiento de los servicios públicos se emplean de la manera más eficaz y eficiente posible y con pleno respeto a la normativa que resulta de aplicación. El control interno local constituye de esta forma la primera línea en la lucha contra el fraude en el uso de los fondos públicos. En este sentido, la aprobación del Real Decreto 424/2017, que regula el ejercicio de este control, ha supuesto un giro importante en la concepción y el desarrollo del control interno local, pasando de ser una actividad muy reglada, en la que la norma establecía el qué y cómo se desarrollaba el control y que no siempre incluía en el control a todos los organismos de la entidad local, a ser una actividad planificada en base a un análisis de riesgos y que engloba todo el perímetro de la entidad local, incluyendo organismos, entidades, empresas públicas… con el fin de dar una garantía del funcionamiento de la entidad en su conjunto. Se ha pasado a tener una concepción del control más integral, coherente y cohesionada, no basada únicamente en actuaciones individuales sobre cada una de las operaciones consideradas aisladamente, sino alineando todas estas actuaciones con un objetivo común de asegurar el buen funcionamiento de las entidades en su conjunto. Por otra parte, los ciudadanos cada vez son más exigentes, y con toda la razón, en relación a la forma en la que se emplea el dinero de sus impuestos por los responsables públicos, demandando más transparencia, eficacia y eficiencia en el uso de estos recursos y, por supuesto, un estricto cumplimiento de la legalidad. El interventor local debe ser, por tanto, el mayor garante de los vecinos en cuanto al empleo de los recursos públicos.

–Se ahondará en la aplicación efectiva de los planes antifraude. ¿Qué porcentaje de entidades públicas han realizado actividades dolosas el año pasado?

–No resulta fácil avanzar una información cuantitativa de este tipo, ya que los auditores públicos únicamente constituimos una de las barreras contra el fraude y la corrupción, existiendo otros muchos actores implicados. La lucha contra el fraude se ha convertido en una preocupación central de las haciendas de todos los países, dedicándose gran cantidad de esfuerzos y recursos para su potenciación. Los planes de medidas antifraude son un requerimiento que hemos incorporado de forma necesaria de cara a la ejecución del sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Este plan debe permitir garantizar que los fondos correspondientes al plan se han utilizado de conformidad con las normas aplicables, en particular, en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses y evitar la doble financiación.

–'Consolidando el modelo, fortaleciendo la profesión' es el lema de la reunión. ¿Ese fortalecimiento tiene que ver con la eficacia?

–Por supuesto. Uno de los objetivos fundamentales que persigue la reforma del control local es el de dotarlo de una mayor eficacia. Son distintos los cambios incorporados con este fin, pero tal vez cabe destacar aquellos que tienen que ver con la posibilidad de que cuestiones del ámbito financiero local puedan trascender a los propios responsables de la gestión municipal, elevándose al pleno de la corporación, o incluso fuera de la propia entidad siendo remitidas bien a la IGAE o al Tribunal de Cuentas. De esta forma, el control se fortalece significativamente, ya que la opinión del interventor no queda confinada únicamente en el ámbito del responsable de la gestión de los fondos, sino que hay órganos con una competencia profesional más que contrastada que pueden participar, ya sea directamente informando determinadas decisiones, ya sea indirectamente entrando en conocimiento de los hechos. Las medidas de transparencia de las cuentas locales a través de plataformas mantenidas por la IGAE y el Tribunal de Cuentas también ayudan a que los ciudadanos tengan una mayor información de la gestión local y puedan ellos mismos convertirse en censores de la gestión municipal, contribuyendo a una mayor eficacia del control.

–¿Qué es lo más arduo de su trabajo?

–Posiblemente encontrar el equilibrio necesario para dar con la mejor fórmula de satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Lo más complejo sin duda alguna es trasladar a los responsables de la gestión que la función de la intervención no es impedir o dificultar aun más esa gestión, sino que cuando se señalan debilidades, se hace para conseguir que la gestión se adecue plenamente al marco normativo aplicable y se haga el mejor empleo de los fondos públicos posible desde el punto de vista de la eficacia y la eficiencia. Esto no siempre es percibido así por los responsables de la gestión, que en ocasiones pueden verse sometidos a tensiones o condicionantes que no siempre están alineados con una gestión ordenada de los fondos públicos.

–¿Qué conlleva la condición individualista inherente a su profesión?

–Es cierto que, al final, la decisión última corresponde a quien tiene que estampar la firma y asumir con ello las responsabilidades que se derivan. En esto consiste nuestro trabajo, y cualquier interventor tiene muy presente esta circunstancia. Y ello es necesario para alcanzar uno de los principios esenciales en el ejercicio de nuestra profesión, que no es otro que la independencia. Cada interventor actuante asume con su firma la responsabilidad de su decisión.