Sana envidia de cántabros y asturianos

Sospecho que ni en sus mejores sueños imaginaron que la jugada les saldría tan bien. Al menos por ahora, hasta que pasen las elecciones, cita que ha podido condicionar la reacción gubernamental en el sentido que la ha tomado. En Moncloa se cobraron la cabeza de una secretaria de Estado y del presidente de Renfe. Pero además lograron que en esas dos comunidades –solo en ellas– se extienda «la aportación económica actual para la gratuidad de las cercanías ferroviarias más allá del 31 de diciembre de 2023 y hasta la entrega de las unidades de trenes pendientes en el contrato en curso», que ya no serán 31, sino 38. O sea, que los usuarios habituales de esos servicios dispondrán de ellos sin coste hasta que haya nuevos vehículos con el ancho correcto. Otro punto clave es el segundo, que dice así: «El MITMA se compromete a aportar a las CC AA a la mayor brevedad posible un completo cronograma y programa de todas las actuaciones recogidas en los planes de cercanías que concrete y calendarice para los próximos años las diferentes actuaciones contenidas en los mismos. Igualmente se creará la figura de un Comisionado para la ejecución de los planes de cercanías de Asturias y Cantabria y la supervisión de los acuerdos aquí previstos». Es decir, que además habrá una persona que soportará la tediosa tarea de vigilar, fiscalizar y perseguir los plazos, inversiones y resultados vinculados a este proyecto. No le arriendo las ganancias.

El viernes pasado, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso F. Mañueco, remitió una carta a la ministra pidiendo, en buena lógica y lleno de razón, que todo lo relacionado con las líneas ferroviarias de vía estrecha se aplique en todos los territorios donde operan. «El Ministerio debería tratar por igual a todos los españoles y actuar con lealtad a todas las comunidades autónomas, algo que no se aprecia cuando no presta la misma atención a todos los presidentes autonómicos que, en calidad de su cargo, representamos a miles de perjudicados por este desastre». Raquel Sánchez se encontraba un día antes en Extremadura explicando lo inexplicable, esto es, que los retrasos e incumplimientos acumulados durante lustros en las infraestructuras ferroviarias de aquella comunidad no son equiparables a lo sucedido en Asturias y Cantabria. Temo, por lo tanto, que la responsable de carreteras, aviones, trenes y puertos decidirá, paradójicamente, salir cada vez menos de Madrid. A no ser que vaya a comportarse con la misma responsabilidad y diligencia ante el montón de demoras y problemas de todo tipo que se acumulan en todos los rincones de España. También aquí, en Castilla y León. No se me ocurre, por ejemplo, cómo habría que compensar a todos los ciudadanos que se juegan la vida a diario transitando por una N-122, considerada la vía más peligrosa de España, que ya hace años debía llamarse Autovía 11 en todo su trazado. ¿Y qué hacemos con la tomadura de pelo de la ciudad de la justicia de Valladolid si en 2024 no comienzan las obras, como se ha firmado? ¿En Valladolid nadie paga las costas por los pleitos?

He asistido con sana envidia a lo sucedido estos días con los trenes mal medidos de Cantabria y Asturias. Nuestra dirigencia no acostumbra a asumir responsabilidades y compensar sus errores con energía, rotundidad y rapidez. Por desgracia, es un camino que pocos transitan. De hecho, lo raro es que la culpa de todo no la acabaran teniendo nuestros compañeros de El Comercio y el Diario Montañés, los dos diarios que destaparon el entuerto. Al Gobierno le va a costar muchos dolores de cabeza porque no va a ser capaz de responder del mismo modo ante cada demanda ciudadana basada en razones.