Mañueco pone pie en pared

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, anunció ayer que Castilla y León será «firme y tajante» frente a lo que consideró los «abusos de poder» del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, para «privilegiar a sus socios» de cara a garantizarse la investidura. En este sentido, el Consejo de Gobierno en sesión extraordinaria celebrada ayer aprobó autorizar al consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, a impugnar «de forma inmediata» las «cesiones» del líder del Ejecutivo central a los independentistas cuando estas se materialicen. Con el anuncio institucional de estas resoluciones, que se materializarán mediante recurso de inconstitucionalidad o contencioso administrativo», Castilla y León se coloca a la cabeza de la rebelión de las comunidades autónomas contra la amnistía, así como contra las medidas financieras y económicas recogidas en el acuerdo PSOE-ERC, que permitirán a Cataluña borrar de un plumazo 15.000 millones de euros de su ingente deuda con el Estado (más de 75.000 millones).

Los acuerdos anunciados ayer por Fernández Mañueco al término de la reunión extraordinaria de su ejecutivo de coalición gozan de lógica institucional y política frente al planteamiento de máximos que, para garantizarse el número suficiente de votos de cara a su investidura, el presidente del Gobierno en funciones está pactando a nivel estatal con las fuerzas independentistas catalanas, que podrían ampliarse al País Vasco en función de las necesidades a la hora de obtener mayorías suficientes durante la legislatura.

De igual manera, está plenamente justificada la prontitud por parte del Ejecutivo castellano y leonés a la hora de anunciar y poner en marcha medidas de carácter administrativo y judicial tendentes a impedir la entrada en vigor de acuerdos que generen desigualdad entre las comunidades que forman España, más cuando la oposición al trato de favor de un territorio frente al resto procede de la región que representa con más fidelidad los valores de la nación española, que, como refleja la historia, jugó un papel decisivo en la fundación de la misma.

Y si desde el punto de vista de los motivos y de la oportunidad las decisiones adoptadas ayer por Mañueco están plenamente justificadas, resulta obligado pedirle que, en su legítima pelea contra una flagrante arbitrariedad que pone en peligro el equilibrio de los territorios que forman España, el presidente adopte sus decisiones haciendo de los castellanos y leoneses su absoluta prioridad, al tratarse de una amenaza para el futuro y la prosperidad de los ciudadanos a los que representa y esquivando cuestiones de interés partidista que desvirtuarían el sentido de su empeño.

Al mismo tiempo y también para no caer en posturas de mero tacticismo de siglas, sería deseable que el Partido Socialista Obrero Español de Castilla y León se situara cerca de los intereses y de los sentimientos de los ciudadanos de la comunidad autónoma en la que desempeñan su acción política, sin corsés impuestos desde fuera y sin verse obligado a comulgar con ruedas de molino que no han sido desconocidas en esta tierra a lo largo de su historia y que son incompatibles con el Manifiesto Fundacional del PSOE redactado en 1879, que hace de la lucha contra la desigualdad su razón de ser como formación política en la que se han mirado generaciones de españoles a lo largo de casi 150 años.

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