Mañueco y Gallardo, un año de relación sobrellevando las polémicas políticas de Vox

Días después, el gobierno de coalición PP-Vox, que daba relevo al de PP-Cs, echaba a andar y abría una cohabitación política que ha obligado a los populares a doctorarse en sobrellevar las polémicas sembradas por el vicepresidente, desde el protocolo antiabortista a incluir en el cóctel de causas de la despoblación de Zamora la «hipersexualización» censurando que se hayan desligado las relaciones sexuales del objetivo de la procreación o la reciente invitación, en un salón repleto de adolescentes, a cuestionar el efecto contaminante del CO2. A partir de aquí, el año del vicepresidente García-Gallardo en el Gobierno de Castilla y León, resumido en diez polémicas.

El anuncio de García-Gallardo de la aplicación de un protocolo provida de escucha del latido fetal y cardiaco y ecografías 4D -pruebas sin orientación clínica o no recomendadas a esa altura inicial del embarazo por las sociedades de ginecología- ante la «escalofriante» cifra de abortos generó en enero el encontronazo más serio entre PP y Vox, tensionando la coalición con enfrentamientos entre dirigentes nacionales. «Todos los sinsabores de estar en política quedarán compensados si logramos salvar una sola vida», explicó el vicepresidente, tras un Consejo de Gobierno, con el portavoz Carlos Fernández Carriedo (PP) a su lado. Luego la Consejería de Sanidad, gestionada por el PP, envió la nota sobre el protocolo, corroborando lo avanzado por García-Gallardo, hasta que cuatro días después lo tuvo que desmentir el presidente Mañueco en una comparecencia oficial convocada de urgencia: «No se va a obligar a nada a médicos y a embarazadas», remarcó el popular, reconociendo que se corría el riesgo de incurrir en el tipo penal de coacciones a las embarazadas. La ideología de Vox sobre las políticas de natalidad y familia generaron otro pulso interno en la coalición semanas más tarde a cuenta de una reunión de García-Gallardo con la embajadora húngara del Gobierno ultraderechista de Viktor Orban, país que tiene implantado el protocolo polémico. El PP no consintió que se informara del encuentro por vía institucional porque no marcaba la posición oficial de la Junta.

«Le responderé como si fuera una persona como todas las demás». Fue la frase con la que García-Gallardo contestó a la procuradora del PSOE Noelia Frutos el 24 de mayo, en las Cortes. Noelia Frutos sufre enanismo distrófico, con limitaciones físicas por las que requiere la ayuda de una asistente. Las críticas que generó la intervención del vicepresidente, con repercusión nacional, llevaron al presidente Mañueco a disculparse genéricamente casi 48 horas después, asegurando que Castilla y León «es una tierra de respeto». El PP salvó semanas más tarde a Juan García-Gallardo de una reprobación parlamentaria en un pleno en el que el dirigente de Vox insistió en que se habían tergiversado sus palabras, no pidió disculpas y acusó a Noelia Frutos de dejar «instrumentalizar» su discapacidad: «Estaba predispuesta a hacerse la ofendida», argumentó el dirigente de Vox.

El 13 de junio, en víspera de participar en un mitin de apoyo a Macarena Olona en Andalucía y con Fernández Mañueco en Madrid para la firma en el Ministerio de Industria del acuerdo que salvaba la crisis del grupo Siro, García-Gallardo convocó por la tarde a los periodistas para anunciar el recorte presupuestario a programas que desarrollaban la patronal CEOE y los sindicatos UGT y CC OO acordados con la Junta en el marco del Diálogo Social. El vicepresidente ha articulado su batalla contra los sindicatos de clase y la patronal a través de la Consejería de Industria y ese combate se ha extendido del Diálogo Social al intento de suprimir la Fundación del Servicio de Relaciones Laborales bajo la premisa de que es la Junta es quien debe ejercer la mediación en conflictos. El anuncio del recorte de junio pilló a contrapié al PP, que se ha movido desde entonces entre no desautorizar a sus socios y destacar que mantiene y valora las negociaciones y programas acordados con los agentes sociales en las consejerías bajo su mando: principalmente en Educación, Familia, Medio Ambiente y Sanidad.

Juan García-Gallardo vinculó en junio la despoblación de Zamora con la «hipersexualización de la sociedad». El dirigente de Vox defendió que «cuando la banalización del sexo lleva a que sea un fin en sí mismo, olvidando que su finalidad es la de la procreación», eso contribuye a reducir los nacimientos. Añadió que esa «hipersexualización» provoca que las personas «se liberen de las cadenas de la familia para dedicar su existencia a satisfacer sus deseos sexuales». Alfonso Fernández Mañueco se esforzó por esquivar la polémica, argumentando que Gallardo lo expresó en un acto de partido y por tanto «no lo dijo el vicepresidente, lo dijo el representante de una de las fuerzas políticas que sustenta el Gobierno».

Gallardo exigió la derogación de la ley autonómica contra la violencia de género al día siguiente de las elecciones, línea roja para pactar con el PP que Vox diluyó durante la negociación a cambio de una norma contra la violencia intrafamiliar aún sin borrador. Eso forma parte del programa de la coalición en un año salpicado de focos de tensión puntuales en el terreno de la igualdad de género en los que los socios han marcado distancias. Gallardo definió el asesinato de una mujer en Soria a manos de su pareja como «el de una madre asesinada». Fue en junio. Añadía que «a partir de ahora, la Junta de Castilla y León recordará a todas las víctimas de violencia intrafamiliar, sin distinción de género ni parentesco». Y el asesinato de otra mujer en Palencia, en septiembre, mientras sus dos hijos dormían en casa, fue para Gallardo «una tragedia familiar que dejaba huérfanos a dos niños de 2 y 7 años». Vox vetó una declaración institucional contra la violencia de género en las Cortes de condena a este último crimen. Y promovió en la sede de la Junta un minuto de silencio en junio por un hombre apuñalado al que no asistió ni Mañueco ni cargo alguno del PP.

La coalición afrontó un verano tremendo de incendios forestales, con duras críticas a la organización (bajo gestión del PP) del operativo de extinción. El vicepresidente anunció a finales de julio, al margen de Mañueco, su intención de articular la contratación de parados para limpiar montes y al plan de medidas para hacer frente a las secuelas del fuego en la comarca zamorana de La Culebra sumó un concierto a beneficio de los afectados. La cita musical para la que Cultura y Turismo, consejería de Vox, echó mano nueve meses después de Alaska como estrella de un cartel que presentó el vicepresidente hace unas semanas , había evolucionado de concierto solidario para recaudar fondos a concierto de homenaje, con un coste de 160.000 euros y entrada gratis para los vecinos. Estalló la polémica y se fueron cayendo participantes contratados hasta que la Junta se vio obligada a suspenderlo. Pese a esa 'no celebración' el consejero de Cultura consideraba que el fallido concierto había sido «muy positivo» para poner en valor la zona y atraer visitas en Semana Santa.

El vicepresidente se plantó en septiembre a las puertas de Garoña y anunció una iniciativa para instalar un reactor (SMR) que permitiera volver a producir energía nuclear, con los propietarios (Nuclenor) remarcando que el cierre de la instalación era definitivo. Vox planteó otros dos reactores nucleares en Velilla (Palencia) y La Robla (León). Gallardo impulsó en las Cortes su apuesta por hacer de Castilla y León un referente de la industria nuclear (producción y componentes) y el PP logró que Vox se autoenmendara rebajando esa propuesta. El presupuesto de la Junta para 2023 sí incluye una partida para elaborar el estudio sobre las posibilidades nucleares de la comunidad. No lo contratará Economía, competente en programas de energía y en manos del PP. Asigna fondos, en Industria, Mariano Veganzones.

Al incidente con Noelia Frutos en las Cortes, le siguió otro pleno en el que el vicepresidente llamó desde su escaño «imbécil» a Igea cuando el de Cs ironizaba sobre la participación del dirigente de Vox en un programa de Masterchef. Mañueco evitó desautorizar a Gallardo, pero pidió «una desescalada verbal». Luego hubo otra sesión en la que definió reiteradamente al PSOE como una «banda criminal» y al presidente Pedro Sánchez como el «jefe de una banda criminal». El presidente de las Cortes ni le llamó al orden ni le invitó a retirar el «imbécil». Sí lo intentó con el «banda criminal». Gallardo declinó hacerlo y Carlos Pollán ordenó que no figurara en el Diario de Sesiones. Los socialistas plantearon una nueva reprobación. El PP volvió a apoyar al vicepresidente, que insistió en «la historia criminal del PSOE».

La negativa de PP y Vox a incorporar una enmienda de 2,5 millones a los presupuestos autonómicos para facilitar ayudas económicas de 1.000 euros mensuales a hogares con un enfermo de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) atizó una campaña de críticas a escala nacional y obligó a Vox a pedir perdón. La propuesta era de Francisco Igea, 'copiaba' una ayuda vigente en Galicia, y fue rechazada por los 44 procuradores de Mañueco y Gallardo dos veces. Desde Vox difundieron, llamando incluso a Jordi Sabaté, enfermo de ELA con casi 106.000 seguidores en redes sociales, que Castilla y León ya pagaba hasta 3.000 euros al mes a estos pacientes para mitigar el coste económico que supone afrontar la enfermedad, lo que provocó una cascada de vídeos de afectados desmintiéndolo. «Me siento engañado y traicionado», censuró Sabaté.

La última controversia del vicepresidente se centra en la invitación en un auditorio de estudiantes de Secundaria (en el Colegio San Agustín de Salamanca) a dudar de si el CO2 es contaminante, en línea con la argumentación que cuestiona el cambio climático planteada desde el mismo día de la investidura de Mañueco cuando arremetió contra el «delirio climático», según recoge el diario de sesiones de esa jornada, y llega hasta el pleno de esta semana, en el que el presidente defendió el compromiso de Castilla y León con los objetivos de pacto verde europeo mientras Gallardo afirmaba minutos después que el «fanatismo climático» es «enemigo del desarrollo económico». El jueves aprovechó la inauguración de unas jornadas de historia medieval para matizar que «nunca» ha negado el «calentamiento global», pero si niega que «debamos demonizar las emisiones de CO2 y empobrecer Castilla y León para evitar cambios en el clima». Carlos Fernández Carriedo, portavoz de la Junta, no valoró esa llamada a preguntarse si el CO2 contamina o no. Se limitó a atribuirla a «la libertad y la capacidad de expresión» de García-Gallardo.