Vox y PP buscan dejar a Francisco Igea como un «tránsfuga» fuera de juego

La primera pregunta es por qué ahora. Y es porque las Cortes han recibido este mismo mes el escrito de Ciudadanos en el que se informa al parlamento autonómico de que Francisco Igea ha sido expulsado del partido y que, por tanto, se le ha solicitado que entregue su acta como procurador, tal y como establece el código ético de Ciudadanos para sus afiliados y cargos.

¿Qué efectos tendría esa declaración y la posterior consideración de no adscrito? Pues eso es lo que está por dilucidarse. Por de pronto, Francisco Igea seguiría encuadrado en el Grupo Mixto, en el que figura junto a Pablo Fernández (Unidas Podemos) y Pedro Pascual (Por Ávila). El propio reglamento de las Cortes establece que no se puede expulsar del Grupo Mixto a un procurador, ya que este grupo ejerce como 'grupo escoba' en el que se acoge a todos aquellos parlamentarios cuyo partido no ha obtenido representación suficiente como para tener grupo propio. «Ningún procurador perteneciente al Grupo Mixto podrá ser expulsado del mismo», dice el artículo 23.

Pero es que a ese grupo van a parar los parlamentarios que abandonan la formación por la que concurrieron a las elecciones y por la que obtuvieron su escaño. Esa es la situación en la que el pacto antitransfuguismo habla de tránsfugas. «Se entiende por tránsfugas a los y las [sic] representantes locales, autonómicos y estatales que, traicionando al sujeto político (partidos políticos, coaliciones o agrupaciones de electores) que los y las [sic] presentó a las correspondientes elecciones, hayan abandonado el mismo [sic], hayan sido expulsados o se aparten del criterio fijado por sus órganos competentes».

El reglamento de las Cortes establece además que «el procurador que […] dejara de pertenecer al Grupo Parlamentario al que estuviera adscrito, pasará a tener la condición de procurador no adscrito». Y aquí está el quid. Francisco Igea ya se encuentra en el Grupo Mixto, del que no puede ser expulsado. Pero sí deja de ser procurador por Ciudadanos. Si le pudieran mantener la condición de perteneciente al Grupo Mixto, pero como no adscrito, podrían aplicársele las sanciones previstas para esos procuradores. El último caso fue el de la exparlamentaria de Ciudadanos María Montero, que dejó la formación, pero mantuvo su escaño y se abstuvo en la moción de censura del PSOE a Alfonso Fernández Mañueco.

Esas sanciones incluyen la «pérdida del puesto que el procurador ocupa en las comisiones». Y Francisco Igea acude a unas cuantas. Es portavoz del Grupo Mixto en las de Agricultura, Familia, Industria y Presidencia. Tendría derecho a seguir en una comisión, pero a elección de la Mesa de las Cortes, que podría destinarle a alguna de las que en la práctica carecen de actividad regular, como la comisión del estatuto -a la que se envió a María Montero en su día- o a la comisión del reglamento.

Para Francisco Igea se trata de un intento de «silenciar» su labor en la oposición, donde el ex socio se ha convertido en una voz incómoda. «Las Cortes de Castilla y León son hoy, bajo el férreo control del señor De la Hoz -portavoz del PP- las Cortes de Pyongyang», señalaba Igea tras la celebración de la Mesa de las Cortes y de la Junta de Portavoces. «Quizás corrupción es trabajar desde un partido para beneficiar a otro asegurándose una salida, que haya cuatro personas cobrando sueldos públicos por actividades desconocidas que casualmente estaban en otro partido en la pasada legislatura», acusaba Igea al respecto de los ex procuradores de Ciudadanos que hoy trabajan con el PP como asesores o se encuentran en cargos políticos.

Raúl de la Hoz, mientras, consideraba que el calificativo de «tránsfuga» se ajusta perfectamente a la figura de Igea. «Aunque se ponga boca arriba, boca abajo, del derecho o del revés o vestir la mona como se quiera, es evidente que este señor es un tránsfuga», explicó, en declaraciones recogidas por Ical. «Los votantes no le han elegido a él sino a Ciudadanos y ahora decide corromper y violentar la confianza que ha sido depositada en el partido. Por eso, es corrupción y, además, su presencia en la Cámara es ilegítima, fraudulenta y deshonesta. Este señor no puede, en ningún caso, tener mejores condiciones ni derechos que otro parlamentario», señaló.

Si Francisco Igea dejara su escaño, algo a lo que no está dispuesto, habría que recurrir al segundo de la lista de Ciudadanos por Valladolid el 13-F de 2022. Y si no puede, al tercero, y así sucesivamente. El número 2 es Miguel Ángel González, actualmente personal eventual de la Junta designado por el consejero de Presidencia. El tercero es José Miguel García, funcionario y ya fuera del partido político Ciudadanos de manera oficial. La cuarta en la papeleta era Marta Recio.

El PSOE y Soria ¡Ya! han considerado la maniobra impulsada por Vox y apoyada por el PP como «una vendetta» contra el antiguo socio popular. Patricia Gómez Urban (PSOE) afeó al PP que no hablara de tránsfugas «cuando gobernaron en Madrid con los votos de Tamayo o Sáez o con lo sucedido en el Congreso con los diputados de UPN». Y defendió a la última parlamentaria que pasó por la situación de no adscrita, María Montero, a la que se acusó de tener un puesto pactado en las filas socialistas por apoyar la moción de censura. «María Montero pasó al grupo no adscrito y renunció a pertenecer a un grupo parlamentario. Con todo lo que eso significaba. Se le envió a un despacho de la biblioteca, su antiguo grupo le hizo el vacío y en eso participó el PP. Es la única que lo hizo por principios».