Vigilancia preventiva del Gobierno a la futura ley de concordia de Castilla y León

Hay dos vías en este enfrentamiento. Una, la de Aragón, donde se ha promulgado ya una ley, el pasado 24 de febrero, que derogaba la normativa vigente de memoria democrática, sin más articulado que el necesario para tumbar la ley autonómica. El argumento principal era, y en eso hay similitudes con los textos de Castilla y León y Comunidad Valenciana, que la norma ofrecía «una visión partidista de la historia, con la reescritura de los hechos históricos incómodos o contradictorios para esa visión de parte». El nuevo texto de Aragón hace desaparecer «el censo de memoria democrática de Aragón, las Rutas de memoria democrática, el Inventario de lugares y rutas democráticas y el Centro de Investigación de la memoria democrática de Aragón», y de paso cambia por completo el modo de solicitar y obtener las subvenciones para la exhumación de fosas comunes.

Frente a eso, el Gobierno intentará una negociación bilateral antes de actuar y asumir todas aquellas iniciativaas que el Ejecutivo aragonés no ampare, al margen de posibles actuaciones en los tribunales.

En el caso de Castilla y León, aunque PP y Vox admitieron que confían en que la ley esté aprobada antes de concluir el mes de junio, cuando se cierre el actual periodo de sesiones, la actuación del Gobierno es, de momento, preventiva. «Si la aprobaran, acudiremos al Tribunal Constitucional», explicó Torres.

«Castilla y León y Comunidad Valenciana intentan igualar los años de dictadura con lo ocurrido de 1931 a 1936, ¿cómo se puede equiparar el totalitarismo con la democracia?», se preguntaba el ministro.

El texto inicial de Castilla y León no contempla interrumpir subvenciones ni modifica tan drásticamente el modo de funcionamiento. Excluye del nuevo comité de exhumaciones a las organizaciones que participaban en el comité técnico, con la justificación de que pasan de tener un papel asesor a un papel resolutivo. Sin embargo, los informes de ese comité técnico en el que participaban se describen en la ley autonómica vigente como «vinculantes».

Torres explicó que si detectan el intento de obstaculizar, paralizar o retroceder en lo hecho hasta ahora, será el Estado quien se haga cargo. «Si eliminan lugares de memoria democrática en cualquier lugar de España, los incluiremos en la ley de memoria democrática. Es una ley fundamental para que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos sepan y defiendan que la libertad y la democracia es lo mejor que tenemos», defendió el ministro.

Cabe destacar que Vox ya llevó una iniciativa en la anterior legislatura tanto al parlamento de Castilla y León como al de Aragón. Tan similar que algunos párrafos eran exactos. Aquí la defendió Jesús García-Conde del Castillo y en Aragón, Santiago Morón Sanjuán. Ambos coincidían, por ejemplo, al señalar que la ley de memoria democrática, «de un plumazo y movida por un afán partidista y revanchista, quiso borrar la generosidad de aquel acto de perdón mutuo nacional que supuso la Ley de Amnistía a la que he hecho referencia» [la de 1977). Y también era exacto el párrafo que decía «fruto de la Ley 52/2007, numerosos parlamentos autonómicos de toda España se lanzaron, a consecuencia de la vorágine normativa a la que nos ha llevado el Estado de las Autonomías, a dictar su propia norma en el asunto».

A Morón le dio la réplica la parlamentaria popular Mar Vaquero, que aunque fue crítica con la ley de memoria democrática de Aragón por considerarla «incompleta, fracturadora y excluyente», aseveró que su partido no quería la derogación. «Nosotros queremos que se mantenga todo lo que está incluido en esta ley, pero que también se incluya todo aquello que fue excluido para que sea una ley de todos», dijo.

En Castilla y León fue Ramiro Ruiz Medrano quien respondió en el debate en el Pleno por parte del PP. Fue contundente al anunciar el voto en contra de su grupo parlamentario: «Para el Grupo Popular este es un capítulo cerrado. Las normas no pueden ser buenas o malas dependiendo con los ojos con los que se miren. Hasta el perdón puede ser visto como algo abominable si se mira con determinados ojos […]. Y el decreto de la Junta que se pretende derogar contempla en su espíritu una clara voluntad de apoyo a las familias de las personas que sufrieron aquellos trágicos momentos. Y todo esto lo digo también porque en el artículo 14 del decreto se afirma lo siguiente: 'El apoyo económico se dirigirá fundamentalmente al desarrollo de proyectos de investigación, exhumación e identificación de víctimas de la guerra civil y la dictadura en Castilla y León'».

A continuación, Ruiz Medrano defendió aún con más vehemencia lo adecuado de la normativa que ahora se modificará en Castilla y León. «El decreto 9/2018 no pretende reescribir la historia ni conceder títulos de bondad o maldad, ni a unos ni a otros. El decreto, en primer lugar, cumple la ley; en segundo lugar, traslada a nuestros convecinos normas claras sobre qué se puede hacer y qué no para recuperar los cuerpos de los familiares; y, en tercer lugar, a mi juicio, ahonda en esa Declaración de las Cortes de 1977 que usted mismo considera que legislaba imbuida del espíritu del perdón».