El PP trata de suavizar el efecto de la «ley de concordia»: más artículos, idéntica financiación

Lo dice en la exposición de motivos de la proposición de ley, y ese es el punto en el que el PP basó este miércoles parte de su defensa ante las críticas. Luis Miguel González Gago, hoy consejero de Presidencia y anteriormente director de los Servicios Jurídicos de la Junta, hizo hincapié en lo que integra el texto más allá de la declaración de principios que antecede a los artículos. «La importancia de las normas está en su articulado, en la parte dispositiva. Estamos cargando mucho en la parte expositiva cuando si alguien lee la ley presentada contiene 20 artículos, supera en cuatro al anterior decreto. Ese decreto se aprobó en virtud de una ley estatal de 2007 y como en 2022 esa norma estatal cambió, la comunidad debe adaptar su normativa. Lo hacemos además con rango legal», expresó.

El caso es que el decreto aún vigente sí habla de «dictadura» de «franquismo» y de «memoria democrática» tanto en la parte expositiva como en el articulado y la nueva esquiva esos términos. Le preguntaron a Carlos Fernández Carriedo de nuevo por esa ausencia en el texto propuesto de conceptos inseparables de la ley de memoria histórica de 2007 o democrática de 2022. «Los grupos políticos podrán opinar y presentar enmiendas y posiciones. Desde la Junta condenamos la dictadura franquista, hay una referencia expresa en el texto al franquismo», reiteró. «Dejemos trabajar al Parlamento». Un parlamento en el que PP y Vox tienen mayoría, por lo que las enmiendas de la oposición que se puedan añadir al texto solo saldrán adelante si uno de los socios decide apoyarlas. En ese trámite es improbable que el PP añada algo diferente a un articulado que se ha pactado en un grupo de trabajo común.

La siguiente línea de defensa del PP ante las críticas se encuentra en las consecuencias de que este nuevo texto llegue a aprobarse, que son, en la práctica, mínimas si se mantienen las condiciones económicas para realizar las exhumaciones. «Los proyectos de ley llevan memoria económica, las proposiciones de ley no llevan entre la documentación necesaria esa memoria», argumentó González Gago, que a continuación quiso aplacar la cuestión matizando que «la aplicación de la ley conllevará recursos económicos para cumplir con los derechos que reconoce el texto normativo». Unos recursos que proceden de dos fuentes. «La Junta en la actualidad destina unos recursos, propios y ajenos, en este caso de la administración del Estado, para memoria democrática, y es una de las cuatro de toda España que cada año agota los créditos que se destinan». Seguirán existiendo «como mínimo los fondos estatales y propios que dedicamos», aseguró.

A la presentación de la proposición de ley por parte de los portavoces de PP y Vox en las Cortes han seguido, así, dos reacciones diferentes en cada uno de los proponentes. Vox tiró de redes sociales para proclamar el éxito de una iniciativa que surgió como una exigencia suya para pactar el Gobierno autonómico. Los medios afines, las cuentas del partido, personajes relevantes como el eurodiputado Jorge Buxadé –«si no está Vox, no sucede»- o Hermann Tertsch –«solo Vox lo hace posible»- presumieron del logro. El texto, de hecho, coincide en muchos párrafos con el que Vox y PP presentaron días antes en la Comunidad Valenciana. El propio vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, replicó con contundencia a las críticas del PSOE: «El PSOE está totalmente desautorizado para hablar de concordia mientras premia a delincuentes sediciosos y prepara el próximo golpe de estado desde el Palacio de la Moncloa. Desde Castilla y León trabajamos para restaurar la convivencia y recuperar el abrazo entre españoles», escribió en Twitter.

El PP, en tanto, trata de suavizar el efecto que ha tenido el anuncio refiriéndose a la bonanza del articulado y a que todo va a seguir funcionando con la misma dedicación, especialmente la financiera, además de adquirir rango de ley.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica registró este mismo miércoles un escrito en las Cortes contra un texto que, a su entender, «blanquea» el franquismo. «La única concordia que necesitan las víctimas se llama verdad, se llama justicia y se llama reparación. Si creen realmente en esa idea de concordia que le digan a una víctima del terrorismo que el familiar que murió en un atentado tiene el mismo honor que quien murió preparando el explosivo o detonándolo», afirmaba Emilio Silva, presidente de esta organización.

Silva, además, hacía referencia no solo a la exposición de motivos que citaba González Gago, sino a los artículos. Especialmente al 4.4, cuando se refiere al desarrollo de proyectos de investigación, localización, exhumación e identificación de las víctimas. «Los proyectos habrán de respetar durante todo su desarrollo, en todo caso, la legislación especial de protección de datos y el derecho a la intimidad, no pudiendo ser objeto de difusión pública imágenes, documentos o cualquier otro material que pueda revelar la identidad de las personas involucradas en el proceso de recuperación, incluyendo a las víctimas, sus familiares y cualquier persona que participe en el mismo», dice el artículo. Y esto, según la ARMH, es un intento de censura. «Un intento por seguir escondiendo la historia y mantener el honor de los verdugos y cerrar la boca a las víctimas que estuvieron calladas durante mucho tiempo porque uno de los objetivos de la transición fue que murieran en silencio».

El PSOE de Castilla y León ya ha anunciado que se plantea pedir amparo al Tribunal Constitucional por si la norma choca contra la ley de memoria democrática estatal, vigente desde 2022. «O se defiende la democracia y la libertad, o se defiende y se legitima el golpe de estado. La historia no se interpreta», señaló su secretaria de Organización, Ana Sánchez, en declaraciones recogidas por Ical. Nicanor Sen, delegado del Gobierno, consideró que la norma es «un peaje» que el PP paga a Vox por gobernar. «Castilla y León está tirando por tierra todo lo que se había logrado avanzar en este país mediante el consenso y la justicia, ahora vienen con la ley de la Concordia, que lo único que hace es precisamente lo contrario de lo que dice, siembra la discordia, que es lo que mejor sabe hacer Vox y a lo que nos tienen acostumbrados».

Unión del Pueblo Leonés pedía que los partidos del Gobierno olviden «las ocurrencias». «Se trata de una ley que nadie necesita, nadie pide y es un sin sentido», señalaban, según Ical. También CCOO y UGT se sumaron a las críticas hacia el texto propuesto por PP y Vox. En una nota de prensa, Comisiones Obreras recuerda que la normativa vigente en Castilla y León «fue fruto del acuerdo entre las asociaciones memorialistas, las organizaciones sindicales de clase y el Gobierno de la Comunidad Autónoma, que incorporó para su desarrollo a las universidades públicas de Castilla y León y a las entidades locales. Y que contó, para su aprobación, con una amplísima mayoría de las Cortes Autonómicas, con el voto a favor incluido del propio Partido Popular». Faustino Temprano, de UGT, apeló en Twitter a que «la Ley de Concordia es una norma autonómica que debe ser invalidada si su aplicación incumple la Ley estatal de Memoria Democrática. Seguimos exigiendo Verdad, Justicia y Reparación y que el actual gobierno de PP y VOX en Castilla y León deje de intentar reinventar la historia».