El enjuague de la ley de 'Concordia' de Castilla y León

El PP de Alfonso Fernández Mañueco admite en el texto que ha registrado de la mano de Vox en las Cortes que será de aplicación a víctimas de persecución por motivos ideológicos, religiosos y sociales desde 1931 a 1978. Pone al mismo nivel la Segunda República, un régimen democrático, con la Guerra Civil y la represión de 40 años de dictadura franquista.

Es una diferencia nuclear respecto al decreto vigente, que circunscribía su acción a «saldar la deuda» con las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista, impulsando la exhumación de fosas de represaliados. Hay 680 enterramientos colectivos de fusilados documentados en Castilla y León, según un estudio de enero de 2022 que la Junta encargó a la Universidad de Burgos. Salvo excepciones, los muertos que permanecen en las cunetas son represaliados del Franquismo, porque las víctimas afines al bando golpista de 1936 tuvieron su reparación durante las cuatro décadas de dictadura posterior.

La normativa sobre 'Concordia' de los socios de Gobierno en Castilla y León no menciona en sus 12 páginas la palabra dictadura (el decreto de Herrera lo hace 13 veces) y mete en la ecuación a las víctimas del terrorismo. Puede parecer un reconocimiento, pero no lo es, porque ciudadanos y allegados que han sufrido la barbarie de ETA, del Grapo o de los islamistas disponen desde septiembre de 2017 de una Ley de Atención a las Víctimas del Terrorismo en Castilla y León, que reconoce más derechos que los que incluye la propuesta de PP y Vox.

¿Qué sentido tiene incluirlas en la nueva regulación? El de intentar hacer bandera partidista de las víctimas del terrorismo y embarullar, persiguiendo blanquear la polémica que implica extender la futura Ley de Concordia hasta 1931 para así justificar la Guerra Civil y la dictadura en «las dinámicas de enfrentamiento de años anteriores», frase textual del documento.

Esas son cuestiones que atañen al fondo, pero se pueden analizar las formas. La regulación fue una exigencia de Vox a Mañueco en el pacto que firmaron hace ahora dos años, el 5 de abril de 2022. Juan García-Gallardo dio dos meses entonces al PP.

Los ultraconservadores fijaron la nueva normativa sobre «concordia» para el 30 de junio de ese año. Han pasado casi dos, en los que el PP ha dado largas cambiadas a Vox. Ahora presentan una proposición de ley en las Cortes y no un proyecto de ley desde la Junta, que exige más trabajo. De esa manera evitan los informes y dictámenes jurídicos previos. Salvando distancias, es la fórmula que ha usado Pedro Sánchez, por ejemplo, para la Ley de Amnistía.

El PP acepta con esta operación rectificar una regulación de la etapa de Juan Vicente Herrera. Apoyada por dirigentes actuales en la Junta y las Cortes que no objetaron nada entonces. Empezando por el presidente Mañueco.

La norma se plantea ahora como imposición de Vox para no obstaculizar el presupuesto autonómico de 2024. Convirtiendo la protección de vestigios franquistas y el ataque a la memoria histórica en problema prioritario de una Castilla y León que no logra atraer médicos, sigue expulsando jóvenes formados, sufre en la Junta un atasco en trámite de subvenciones (placas solares, alquiler...) o demora en el pago de indemnizaciones (ataques de lobo), entre otros asuntos que exigen gestión. Y la gestión diaria es, la más de las veces, muy sufrida y de rédito electoral no asegurado.

.