El TSJ criba los registros para acotar los muertos por el virus

La gran confusión estadística provocada por la disparidad en la recogida de datos sobre el número real de fallecidos víctimas de la epidemia en Castilla y León ha llevado al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, a ejercer su capacidad «inspectora» y a solicitar a los registros civiles de los partidos judiciales todos los asientos de defunciones realizados durante los meses de marzo y abril y también de dichos meses de los dos años anteriores. A la manera del Tribunal Superior de Castilla la Mancha, que la pasada semana detectó que la cifra real de muertos por la covid-19 en esa comunidad autónoma casi triplicaba la cifra oficial del Ministerio de Sanidad respecto de dicha comunidad autónoma, el TSJ de Castilla y León se suma a esta clarificación de los datos.

La iniciativa se enmarca en el protocolo del Consejo General del Poder Judicial para la prestación del servicio judicial durante la pandemia de la covid-19, que fija los registros civiles como servicios esenciales y «por su trascendencia, sus funciones en materia de inscripción de las defunciones y la expedición de las correspondientes licencias de enterramiento». El 23 de marzo pasado, cuando se solicitó información a los juzgados sobre el volumen y carga de trabajo se observó que una de las principales actividades era la expedición de estas licencias, «con datos preocupantes en algunas poblaciones y partidos judiciales por su elevadísimo número, singularmente en las capitales de provincia y otras grandes poblaciones». También se detectó que en muchos casos, las certificaciones médicas ni siquiera concluían como causa fundamental de la muerte el contagio por coronavirus, pese a la existencia de síntomas compatibles. Por ello, el TSJ ha remitido una circular a los jueces encargados y agrupaciones de las secretarías de los juzgados de paz en las que solicita información sobre el número de licencias de enterramiento expedidas en marzo y abril y diferenciando las licencias en las que se concluye que la causa de la muerte es la COVID-19 de las que se consigna como probable o sospechosa y en las que concurran infecciones respiratorias compatibles.