Los supermercados reprochan al Gobierno que no baje el IVA a los alimentos

«El IVA es un impuesto inflacionista, no es neutro en absoluto, y creemos que una parte del exceso recaudatorio que está obteniendo el Estado por esta espiral inflacionista de los precios de los alimentos debería devolverse a la sociedad, aunque fuese de manera temporal», ha manifestado Ignacio García Magarzo, director general de ASEDAS.

Ha demandado asimismo «que el sector de la distribución vuelva a ser considerado esencial, como lo fue durante lo peor de la pandemia» y se ponga en práctica «un esfuerzo regulatorio» en forma de «medidas específicas relativas al coste de los carburantes cuando se trata de transporte de alimentos». «La gran industria y los consumidores tienen beneficios en los impuestos a la electricidad, pero la distribución que está igualmente afectada se ha quedado en tierra de nadie», ha lamentado.

La patronal de la distribución se ha defendido de las críticas a su presunta responsabilidad en la carestía de la cesta de la compra argumentado que «vivimos circunstancias excepcionales» y que las causas del desbocado incremento de la inflación (que en el caso de los alimentos es del 13,8% frente al 10,4% del IPC general) son «ajenas al sector y están fuera de su control». «Queremos que la sociedad lo perciba y lo entienda, que sepa que se pueden tomar medidas y que nosotros las hemos propuesto», ha señalado García Magarzo, quien ha incidido en el 'hecho histórico' de que el sector «siempre ha mostrado una trayectoria de estabilidad de precios».

Para empeorar el panorama, el directivo ha alertado de que el 1 de enero entrará en vigor el nuevo impuesto a los plásticos de un solo uso, lo que «afectará a decenas de productos alimentarios y provocará nuevos incrementos de precios al consumidor». Por ello, ha pedido al Gobierno que aplace su aplicación para no empeorar la situación que viven los consumidores cada vez que van al supermercado.

De hecho, ha advertido que «con los costes de la energía triplicados, los reducidos márgenes de beneficio de la distribución» están en una situación tan delicada que «va a haber cadenas con pérdidas». «Estamos obligados a vender grandes volúmenes para conseguir tener ganancias», ha descrito.

El presidente de ASUCYL, que es la patronal autonómica del sector, José Daniel Posadas, ha explicado que «los hábitos de los consumidores han experimentado ya un cambio muy importante». «Se tiende a comprar productos de menor valor, menos ternera y más cerdo y pollo, y las marcas blancas han repuntado de forma notable». «El ticket medio ha bajado y cada vez hay más visitas porque se compra lo estrictamente necesario».

El sector de los supermercados, que ha celebrado en Valladolid una reunión de todas las asociaciones regionales, cuenta en Castilla y León con 1.050 tiendas y más de 14.000 empleos directos. El año pasado registró un volumen de negocio de 2.750 millones de euros, que según ha explicado Posadas «da como resultado una balanza positiva para los proveedores de la comunidad, a los que se realizaron compras por valor de 3.000 millones».

Los responsables de la patronal han detallado que los supermercados están presentes en poblaciones de la comunidad que acogen al 82% de su población pese a las dificultades que plantea ser una región tan extensa y con la población tan dispersa. «Aquí no hay desierto alimentario, antes al contrario, somos un sector que ayuda a fijar población», ha dicho. Entre 2019 y 2022, además, las cadenas renovaron con reformas o nuevas aperturas el 35% de la superficie comercial. «Las plataformas logísticas permiten a infinidad de pequeños productores locales poner sus productos en los estantes», ha recordado.