¿Es la cesta de la compra de precio controlado una medida eficaz contra la inflación?

El alza generalizada de los precios afecta fundamentalmente a quienes tienen ingresos fijos en el corto o medio plazo: asalariados, pensionistas, etcétera. El aumento de los precios de los alimentos tiene efectos especialmente graves en las familias de menor renta y más vulnerables, que dedican la mayor parte de sus ingresos a adquirir los productos esenciales. Estas familias tendrán que reducir su cesta de consumo en cantidad o calidad, con los consiguientes riesgos para la salud.

Por este motivo, la idea de fijar los precios de una cesta básica de alimentos pretende, no tanto contener la inflación, sino proteger de sus efectos negativos a los consumidores más vulnerables.

1. Facilitar acuerdos de precios podría constituir una conducta contraria al artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia (Ley 15/2007). Dicha ley prohíbe expresamente que las empresas se pongan de acuerdo para fijar precios (lo que se denomina colusión). Las empresas están obligadas por esta normativa a tomar decisiones de precios de manera autónoma, evitando la coordinación entre ellas. Facilitar acuerdos entre grandes operadores podría generar un precedente peligroso que, tarde o temprano, perjudicaría a los consumidores, además de ofrecer señales inciertas en otros mercados.

2. Esta medida no discrimina por renta, es decir beneficia a todas las familias y no solo a las más vulnerables. Sin embargo, quedarían excluidos de sus beneficios una parte de los consumidores vulnerables, que son aquellos que no hacen sus compras en las grandes superficies. Pensemos por ejemplo en personas de edad avanzada, movilidad reducida o que viven en zonas rurales. Tampoco beneficiaría a los que, por motivos de salud o de preferencias, no consumen todos los productos de la cesta elegida.

3. Las consecuencias de fijar los precios o limitar las subidas de los mismos generan distorsiones en los mercados de consecuencias previsibles (e imprevisibles). La teoría económica sugiere que imponer un precio máximo que sea inferior al precio de equilibrio en un mercado dará lugar a una reducción de la oferta o de la calidad de los productos. Los intentos de protección a los consumidores de las subidas del precio de los alquileres, por ejemplo, han tenido entre sus efectos la reducción del número de pisos en alquiler o la falta de inversión en su mantenimiento (reducción de la calidad).

4. Hay que tener en cuenta que las principales cadenas de supermercados que operan en España han adquirido en los últimos tiempos un grado de concentración significativo, que se traduce también en un mayor poder de compra. En sus establecimientos se venden cientos de productos. Así, seleccionar una reducida cesta de productos a precios muy bajos probablemente no tendría un efecto preocupante en sus beneficios. De hecho, las ofertas y descuentos forman parte de la estrategia de precios en muchas de estas cadenas. El efecto podría incluso ser nulo, si compensan dichas bajadas con subidas en los precios de otros productos o con reducciones en los costes.

Esta medida podría terminar afectando negativamente a otros operadores más vulnerables como, por ejemplo, los agricultores o el pequeño comercio.

A los primeros porque el poder de compra del que gozan las grandes superficies les permitiría presionar a la baja los precios en origen de los productos de la cesta.

A los segundos (panaderías, fruterías, carnicerías, pescaderías…) porque tendrían que competir con los productos a precios bajos de las grandes superficies.

Es por ello por lo que una intervención de precios ha de estudiarse de forma muy cautelosa y medir bien las posibles distorsiones que pueda generar en los mercados.

Esto nos lleva a la necesidad de indagar en las causas de la subida de los precios de los alimentos, mas allá del aumento de la energía y las materias primas. Y si hay indicios de que se deba a abusos o ineficiencias en el funcionamiento de la cadena alimentaria, sería la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la encargada de hacer recomendaciones o imponer sanciones.

Proteger a los hogares vulnerables es una obligación de cualquier sociedad avanzada y la base de un Estado del bienestar moderno. Para ello se han de diseñar medidas redistributivas eficientes (y justas) y suficientemente flexibles para responder con agilidad a los contratiempos inesperados.

El control de precios no debería considerarse una de ellas.

Este artículo ha sido publicado en 'The Conversation'.