Vox trata de rebajar la tensión con el PP, pero no asumirá que Gallardo mintió

Llegado este punto, desde el PP autonómico, ayer, se insistía en que todo estaba tranquilo. Eso, mientras el PP nacional, con Borja Sémper como ariete-portavoz, insistía en un mensaje duro hacia el socio de gobierno regional. «Lo que más necesita Castilla y León y España en este momento es estabilidad, sensatez y gobiernos, también vicepresidentes, que se dediquen a ocuparse de los problemas reales de la gente y no a cizañar o generar incendios». Y llamó «irresponsable» a García-Gallardo.

Fuentes de Vox, sin embargo, admitían que tienen la intención de relajar los ánimos después de los cruces de declaraciones y la escalada de tensión, pero no a cambio de cambiar el discurso y que Juan García-Gallardo quede como un mentiroso.

Así que Fernández Carriedo tendrá que jugar al equilibrismo como portavoz. Porque la nota de prensa que se publicó en la web oficial de la Junta de Castilla y León el día 12 de enero, y que se aloja en el epígrafe 'Consejería de Sanidad', departamento tutelado por Alejandro Vázquez (PP), se ha convertido casi en una prueba de cargo. «Se van a poner en marcha, entre otras, iniciativas dirigidas a ayudar a las mujeres que lo precisen a superar las dificultades para ser madre», comenzaba. Y lo ceñía al acuerdo de gobierno «suscrito» por ambas formaciones. Un acuerdo que en su artículo 10 decía: «Apoyo a las familias, a la natalidad y a la lucha contra la despoblación, como centro de las políticas públicas». Y luego, en los planes de acción, en sus puntos 12 y 13: «Impulsaremos una política de apoyo a las familias, como institución básica de la sociedad y pilar del estado de bienestar. Apoyaremos la natalidad mediante ayudas directas e incentivos fiscales progresivos, y fortaleceremos la conciliación de la vida laboral, social y personal».

Ante eso, la nota de prensa del día 12 insistía en que «la primera de esas medidas» sería la atención «psicosocial a la madre gestante». Y la segunda, muy específica, añadía: «Se centrará en la elaboración e implantación de un protocolo de latido fetal dentro de la atención programada en el primer trimestre». Una acción que conecta con lo aprobado por uno de los referentes políticos de Vox y del propio García-Gallardo, el húngaro Viktor Orban, que aprobó en septiembre que sea obligatorio para las embarazadas dispuestas a abortar escuchar el latido fetal.

En cuanto a las ecografías 4D, discrepaba en el tono y en los matices lo explicitado en la nota y lo que dijo en rueda de prensa García-Gallardo. Así, en el texto se hablaba de «promover el acceso a la ecografía 4D a las mujeres gestantes durante el seguimiento de su embarazo». Y lo describía como «una técnica complementaria y no sustitutiva» de las ecografías habituales, que se realizan en las semanas 12, 20 y 30.

El vicepresidente de la Junta, sin embargo, presentó «un acuerdo hablado y consensuado con el consejero de Sanidad». «Son medidas provida», comenzó. «Para ponerles en contexto, en el año 2021 se practicaron en Castilla y León 2.500 abortos, lo que supuso un 7,2% más que en 2020, y por señalar un dato que es escalofriante, 70 abortos fueron de madres a las que ya se les había practicado un aborto hasta en tres ocasiones». De este modo enlazaba nítidamente lo que en la nota aparecían como medidas sanitarias «dirigidas a ayudar a las mujeres que lo precisen a superar las dificultades para ser madre» a un matiz antiabortista.

Del mismo modo, García-Gallardo señaló que sería «obligatorio» para los médicos ofrecer estas medidas a la paciente, que decidiría «voluntariamente» si las aceptaba o no. Una obligatoriedad que Fernández Carriedo no rectificó in situ en la rueda de prensa. Y aún añadía la nota de la Consejería de Sanidad, que incluía el epígrafe, en negrita, «Protocolo de latido fetal y registro cardíaco», un cuarto punto también ligado al aborto. «Y la cuarta medida se centrará en velar por que se respete el ejercicio del derecho fundamental a la objeción de conciencia de aquellos profesionales que participen en la prestación de la interrupción voluntario del embarazo», decía.

Mientras tanto, la polémica sigue viva en Madrid, con Génova marcando una estrategia de distanciamiento con Vox y de responsabilizarles de auxiliar a un PSOE en apuros. Y también sigue viva en Europa, donde una eurodiputada alemana del SDP (Partido Socialdemócrata), Evelyn Regner, intervino para comparar a Castilla y León con la Hungría de Orban. «Si le enseñan fotos del feto y tiene que oír el sonido del latido del corazón del feto, entonces esa mujer no es libre», señaló. «Lo que está ocurriendo en Castilla y León nos concierne a todos. Eso recuerda a la Hungría de Orban».