La ayuda urgente para comprar comida o ropa solo llega al 20% de quienes la necesitan

Son datos del Observatorio de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales que acaban de publicar un nuevo informe al respecto.

Más sobre ayudas sociales

«El Ingreso Mínimo Vital tiene que ser un colchón, lo que de verdad necesitamos es trabajar»

Víctor Vela

Unas 450 familias de la comunidad tendrán 565 euros de renta básica, 233 más que el Ingreso Mínimo Vital

El Norte

En España, casi cuatro millones de personas (3.918.872), según el INE, tienen carencias materiales graves. Así se deduce aplicando los indicadores europeos (Tasa AROPE). Son un 8,3% de la población española –el 6,10% en la región–, la que necesita ayuda para cubrir sus necesidades más básicas como mantener la vivienda a temperatura adecuada o solventar un imprevisto que suponga disponer de 700 euros.

Noticia Relacionada

La Junta cambia la ley de la Renta Garantizada para llegar a más perceptores

El Norte

El Ingreso Mínimo Vital, las rentas de inserción de las autonomías y las ayudas de emergencia social que ofrecen las entidades locales, fundamentalmente ayuntamientos, son los recursos a los que pueden acceder estas familias para cubrir estas necesidades tan básica.

Este observatorio ha denunciado reiteradamente «el entramado burocrático, innecesario y cruel, que dificulta a cientos de miles de familias que lo necesitarían percibir el ingreso vital. En cuanto al número de beneficiarios de las Rentas Mínimas de Inserción se redujo en 150.000 personas en 2021 respecto a 2020. Sólo el 7,1% de la población que vive bajo el umbral de la pobreza en España (645.317 personas) se beneficia de las mismas. En la comunidad solo 26.529 perciben este salario social. Baja así la cobertura desde el 10,7% que reflejaban los datos de 2019.

Por su parte, las ayudas para atender las necesidades más básicas (alimentación, vestido, alquiler, suministros del hogar…) alcanzaron en 2021 a 1.576.052 personas, un 40,2% del total de las personas con graves dificultades materiales, el doble, no obstante, que en la región con el citado 20,24%. Los responsables de centros de Servicios Sociales destacan que hay grandes diferencias por territorios en esta cobertura. En La Rioja, el número de perceptores (21.386) es superior al de personas con dificultades materiales graves (16.626); o Cataluña, con una cobertura del 71,48%. En el extremo contrario se sitúa Cantabria, con su bajísimo 0,12%; Murcia, con un 0,09%, o Galicia, que solo alcanza al 1,81% de su población con dificultades severas.

La cuantía de estas ayudas es muy reducida, 172,67 euros de media al año por perceptor. Aunque también en esto las diferencias son notables: Murcia arroja una cifra de 3.622,13 por perceptor. Destacan, con más de mil euros de media, Aragón (1.346,33), Castilla-La Mancha (1.086,71) Galicia (1.219,21) y Asturias (1.007,28) y en el extremo opuesto están los 75,5 de media en Andalucía o los 87 de Madrid. Castilla y León se sitúa, con 348,5, en el noveno lugar en cuanto a cuantías, casi a la par que la Comunidad valenciana (337,22) y muy lejos de cuantías de autonomías también muy grandes como Castilla-La Mancha.

«Son muchas las entidades locales que han incrementado sus presupuestos destinados a ayudas de urgente necesidad en los dos últimos años, pero los procedimientos burocráticos y la rigidez de las intervenciones municipales limitan el acceso o retrasan el cobro y, por tanto, la eficacia de las ayudas. Hay ayuntamientos que pueden tardar hasta dos meses en dar una ayuda de urgencia social y las trabas a la hora de justificarlas ante la Intervención son dificultosas y humillantes. La estricta interpretación de la norma, que considera estas ayudas como subvenciones, es una de las causas de esta situación, por lo que urge modificarla o interpretarla de manera menos rigurosa», destaca el informe.

«Pensando en la angustiosa situación de las familias y personas gravemente afectadas por la actual crisis económica consecuencia de la pandemia, consideramos que corresponde al Gobierno de España adoptar medidas efectivas para que estas personas puedan recibir las ayudas necesarias con la inmediatez que su situación requiere«. Y para ello, »proponemos modificar con urgencia la norma para que queden exceptuadas de la Ley General de Subvenciones« y sugieren que »la Intervención General de la Administración del Estado envíe una instrucción a los interventores municipales para que agilicen las ayudas económicas de urgencia« y, en definitiva, «planteamos la necesidad de derogar el procedimiento administrativo que hace que las ayudas de emergencia social sean tratadas como cualquier subvención (incluso millonaria) a una entidad, y vincular su concesión y pago a procedimientos ágiles basados en la prescripción social facultativa del profesional de referencia de los Servicios Sociales municipales».