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Castilla y León modificará la regulación de su Renta Garantizada de Ciudadanía para que sus perceptores no cobren menos ingresos al percibir un Ingreso Mínimo Vital (IMV) inferior, lo que le sucede a 452 familias que reciben 332 euros del Estado, 233 menos que los ... 565 del ingreso básico autonómico.
Así se ha acordado este miércoles en la mesa de Trabajo de la Renta Garantizada de Ciudadanía, que ha presidido la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, con la participación del Diálogo Social que integran sindicatos y patronal, según ha explicado la Consejería en un comunicado recogido por Efe.
En un primer momento, la Renta Garantizada de Ciudadanía se concedía de oficio a los beneficiarios de la prestación con hijo a cargo, unas 4.300 familias en Castilla y León, de las que tan solo 1.470 han recibido el IMV del Gobierno Central, el 34%, con 452 con una prestación inferior a la autonómica.
De acuerdo a las mismas fuentes, esas familias están recibiendo en este momento de media 332 euros del Ejecutivo central, mientras que con la Renta de la Junta cobraban 565 euros.
Se pretende que esas 452 familias mantengan al menos la misma cuantía económica que venían recibiendo por parte de la Junta de Castilla y León para que puedan hacer frente a sus necesidades básicas.
Y en la mesa se ha acordado que la Junta de Castilla y León seguirá abonando la renta autonómica hasta que los perceptores reciban el IMV aprobado por el Gobierno Central, lo que también requerirá algún cambio normativo ya que la renta regional es subsidiaria de la nacional y se debe conceder una vez resuelto el IMV.
Por otra parte las 1.018 familias de Castilla y León que han percibido el Ingreso Mínimo Vital, por cuantía igual o superior a la Renta, empezarán a recibir exclusivamente dicho ingreso del Estado, ya que la prestación de Castilla y León es subsidiaria y constituye por lo tanto la última red de protección respecto a cualquier prestación.
El resto de perceptores que venían recibiendo la Renta Garantizada de Ciudadanía de Castilla y León seguirán ingresándola hasta que el Estado resuelva el Ingreso Mínimo Vital.
La Renta Garantizada de Ciudadanía es un derecho subjetivo implantado hace diez años en Castilla y León y garantizado por Ley, de la que se han beneficiado de media 15.000 familias cada año y para la que la Junta destina alrededor de 60 millones de euros al año.
El junio, la Renta autonómica llegó a 10.044 familias y desde el pasado 15 de junio, fecha en la que se abrió el plazo para solicitar el IMV, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha puesto en marcha una serie de actuaciones para tener informados a los perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía.
Lo ha hecho a través del envío de una carta informativa, potenciando la coordinación con el servicio 012, las corporaciones locales y las entidades del tercer sector para orientar y prestar apoyo a los perceptores de la Renta y habilitando cauces específicos de información en las gerencias territoriales de servicios sociales de cada una de las provincias de Castilla y León.
En la Mesa de este miércoles, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades ha destacado lo necesario que es vincular el Ingreso Mínimo Vital a la inserción laboral de los perceptores, como ocurre con la renta Garantizada de Ciudadanía que alcanza una cuota en ese sentido del 25 por ciento, ya que el objetivo final es que estas familias superen su complicada situación a través de un empleo digno.
Asimismo, se han emplazado a una nueva reunión en la primera semana de septiembre para conocer los datos y la evolución de la renta regional y el IMV, de manera que se siga avanzando hacia nuevos acuerdos en esta materia.
mr
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