Los socios locales de la trama eólica se llevaron 75 millones en «dádivas», según Anticorrupción

Ralentizó durante años las autorizaciones solicitadas hasta que estos promotores iniciales se avinieron a dejar entrar en sus participaciones a «socios locales» o a vender, incluso después de varios pleitos, sus proyectos a las grandes compañías del sector energético como Iberdrola, que finalmente se llevó la mayor porción del pastel de la energía eólica de Castilla y León «porque sus empresas, aparentemente perjudicadas, a la postre se hicieron con la capacidad de producción de megavatios mayoritaria en la comunidad», apostilla el letrado Emilio Martínez Miguel, de Ecologistas en Acción, una de las 12 acusaciones personadas en la macrocausa contra 16 excargos de la Junta de Castilla y León y empresarios que serán juzgados en la Audiencia de Valladolid por la trama eólica.

La Fiscalía, en un informe de conclusiones provisionales que hace suyo la Abogacía del Estado, cifra en más de 75 millones de euros las «dádivas» que se llevaron las «empresas locales» que entraron en las sociedades promotoras de los parques o crearon empresas vehículo para hacerse con las autorizaciones que supervisaba personalmente Rafael Delgado cuando era la mano derecha del consejero Tomás Villanueva, fallecido durante la tramitación de esta macrocausa de corrupción (la primera que comenzó a investigarse en Castilla y León) y también encausado, aunque las responsabilidades penales se extinguen con la muerte.

Delgado, que durante sus sucesivas declaraciones ante el magistrado del Juzgado de Instrucción 4 de Valladolid señaló a su superior e insistió en que él se limitaba a ejecutar órdenes, es considerado por las acusaciones el cerebro de la trama y se le piden penas de 42 años de prisión por seis delitos: cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, extorsión, blanqueo de capitales y tres contra la hacienda pública. Además de solicitar que se le impongan 222 millones en multas.

De esos 75 millones en dádivas prácticamente solo por figurar en las sociedades (una empresa multinacional especializada en energía como Iberdrola no necesita que San Cayetano Wind, tramite ni garantice sus proyectos, apostillan las acusaciones), la de Alberto Esgueva es la más beneficiada cuando, una vez conseguida las autorizaciones para unos parques que estuvieron años paralizados, vendió sus participaciones a una de las sectoriales de Iberdrola, Ibercyl (antes, Biovent Holding).

Estas compraventas de participaciones en los parques al poco tiempo de ser autorizados, también por la empresa de los hermanos Llorente con Preneal y sus filiales, son «dádivas» porque, señala la Fiscalía Anticorrupción, de las inversiones iniciales que realizaron, algunas testimoniales, percibieron unas jugosas plusvalías. «Y eso que la mayoría de ellas no estaba interesada en este tipo de negocios, como lo demuestra que salieran rápidamente de los parques», apostilla en su escrito de calificaciones provisionales Ecologistas en Acción.

Un ejemplo de 'pelotazo' que se destaca en todos los escritos de acusación es el exdirector de Deportes de la Junta Andrés Martín Paz, que coincidió con Delgado en la Consejería de Economía cuando este era secretario general y le unía «una buena amistad» con el delegado de Iberdrola, el también encausado Ricardo Bravo. Suscribieron el «acuerdo marco» en 2003 para crear una sociedad para la promoción, desarrollo y explotación de parques eólicos. Biovent con el 80% y Martín Paz participó con un 20%. Un año después fundan Villardefrades Eólica y el excargo de la Junta puso un capital inicial de 602 euros. Tras un parón de tres años en la tramitación ampliaron capital y Martín Paz «arriesgó» 357.000 euros.

Menos de tres meses después vendió su 20% a Ibercyl por 3,8 millones. El promotor inicial de esos tres parques en Palencia y Burgos, Vendaval Promociones Eólicas, había conseguido la declaración de impacto ambiental en 2003 y 2005 pero después se paralizó el trámite. Delgado, con su avocación, los autorizó inmediatamente después de que Martín Paz vendiera su parte de Villardefrades.

Sobre el enjuiciamiento de la trama eólica se le preguntó al portavoz y vicepresidente de la Junta, Francisco Igea. Este se limitó a contestar que «Este Gobierno no ve la Justicia nada más que como una garantía y espera que haya juicio, se establezcan las responsabilidades y se cumplan las penas». Igea descartó que esta macrocausa de corrupción que salpica a la Junta, a la que las acusaciones le piden al tribunal que le imponga responsabilidades civiles millonarias, vaya a afectar al pacto de gobierno «porque no hay ningún miembro imputado de la Administración autonómica por el momento».