Seis claves para entender la comisión de investigación de la trama eólica

¿Qué es? En síntesis: cargos de la Junta de Castilla y León, en supuesta connivencia con algunas empresas de la comunidad, cobraron 110 millones de euros para favorecer la concesión de autorizaciones para medio centenar de los 241 parques eólicos sembrados por la comunidad en los diez últimos años de despegue de esta energía verde.

La fuente principal: un informe realizado por un inspector de la Agencia Tributaria del que hace ahora seis años todo el mundo hablaba pero que (decían) nadie tenía, a excepción de Tomás Herranz, el fiscal anticorrupción encargado del caso. En él trabajaban desde diciembre de 2014 tres equipos especializados. Entender bien todo el asunto no es fácil, por eso te damos aquí seis claves para poder comprender mejor un asunto enrevesado.

El listado de comparecencias del PSOE arrancó con J. M. T. M., el inspector de la Agencia Especial de la Administración Tributaria en Castilla y León autor del informe sobre el que se asienta la razón de ser de la propia comisión investigadora.

Le siguieron Georgina de la Lastra, delegada especial de dicha agencia y Federico Trillo-Figueroa, exministro y entonces embajador español en Reino Unido y, en las fechas de los hechos que se investigaban, en Estudio Labor.

El exdiputado Vicente Martínez-Pujalte y la exdiputada vallisoletana Ana María Torme, copropietarios de Sirga XXI. Los tres, asesores de empresas mencionadas en el informe, como el Grupo Collosa. En sexto lugar (aunque es la primera vez que se mencionaba su nombre vinculado a la trama) aparece la exvicepresidenta de la Junta y exconsejera de Medio Ambiente, María Jesús Ruiz, seguida del exconsejero de Economía, Tomás Villanueva, que falleció en 2017 un mes y medio antes de declarar ante el juez por este caso.

A él le seguían la exviceconsejera Begoña Hernández y el exviceconsejero Rafael Delgado.

Igualmente, se solicitaban las comparecencias del director general de Energía y Minas, Ricardo González Mantero, y dos de sus antecesores en el cargo, Manuel Ordóñez y Luis Carlos Escudero, además del director general de calidad ambiental, José Manuel Jiménez y la exdirectora general de Prevención Ambiental y Ordenación del Territorio, Rosa Ana Blanco Miranda, junto con dos exdirectores de Calidad Ambiental, José Antonio Ruiz y Jesús Rodríguez Romo. El exconsejero delegado de la empresa pública Excal, Alberto Esgueva, y Francisco Esgueva, del Grupo San Cayetano, figuraban en los puestos 17 y 18 del listado. Los exapoderados mancomunados de las empresas Iberdrola Renovables (antes Biovent), Ricardo Bravo y Rafael Icaza de la Sota. Se pedía además que declarase el hermano de la ministra de Agricultura y Medio Ambiente, Eugenio García Tejerina, de Apecyl, la Asociación de Promotores de Energía Eólica de Castilla y León, y Andrés Martín de Paz, exdirector general de Deportes con Villanueva. Además de todos los delegados territoriales de la Junta en las nueve provincias, los jefes de servicio de Industria y los de Medio Ambiente desde 1995.

El principal, el informe elaborado por la Agencia Tributaria remitido a Anticorrupción, aunque al Fiscalía se negó a entregárselo a la comisión de investigación porque no estaba personada en el proceso judicial abierto, por lo que entregarles el informe supondría una interferencia grave en la instrucción que se lleva a cabo. Además, se pidió una relación de todas las instalaciones de este tipo inscritas en el registro oficial desde 1995, los acuerdos por los que se nombra y cesa a Alberto Esgueva consejero delegado de Excal y director del área de Creación e Empresas, Internacionalización y Servicios de la Agencia de Inversiones.

Se perseguía detectar si existió enriquecimiento o beneficio ilícito, comparando los bienes de los cargos públicos cuando entraron y cuando cesaron en sus puestos. La petición se extendía a prácticamente todas las personas llamadas a declarar.

Energía Global Castellana (extinguida) se constituyó entre San Cayetano e Iberdrola Renovables Castilla y León. Se pidieron las escrituras de constitución de la primera, en 2004; su venta de acciones por los hermanos Esgueva a Iberdrola Renovables, que las compró por 47 millones cuando estaban valoradas inicialmente en 24.000 euros, según el PSOE.

Algunos de los nombres de excargos, empresarios y sociedades que figuraban en la relación supuestamente implicados en la trama de los eólicos aparecen en otros informes policiales y tributarios solicitados por la Fiscalía de Valladolid en las diligencias abiertas desde 2013 en el Juzgado de Instrucción número 2 sobre las operaciones urbanísticas de compraventa del edificio de Arroyo de la Encomienda, actual sede de ADE y la Consejería de Economía y Hacienda, y el parque empresarial de Portillo. Una veintena de personas serían llamadas a declarar en calidad de investigados cuando el juez dispusiera de toda la documentación solicitada.

La pretensión de los populares en la comisión que presidían, aseguraban, era «agilizar» el trabajo y los tiempos. De entrada, consideraban «excesivos» los papeles solicitados por el PSOE y veían más asumible acotar y pedir la que la Junta remitió el verano anterior a la Fiscalía Anticorrupción. Este fue el primer escollo en la negociación. Hubo, como barruntaban, discrepancias en el número y nombres de los comparecientes. Otra dificultad que tuvieron que sortear durante todo el tiempo que han durado los trabajos fue el secreto que impone el reglamento de las Cortes. Aunque esta regla se flexibilizó en las comparecencias, los declarantes tienen derecho a pedir que sus intervenciones sean secretas. También, aunque obligados a comparecer, pueden negarse a declarar como ocurre en los juzgados.