El fiscal excluye al expresidente de la farmacéutica GSK por prescribir el delito

El Juzgado de Instrucción número 4 acordó en marzo de 2021 encausar a 17 personas, entre políticos –el exviceconsejero de Economía Rafael Delgado y el exconsejero de ADE Internacional, Alberto Esgueva– y empresarios, por la trama de las eólicas por posibles delitos de prevaricación administrativa, blanqueo de capitales, contra la hacienda pública, cohecho y pertenencia a organización criminal. El 23 de septiembre pasado, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la apertura del juicio oral ante la Audiencia de Valladolid y ha presentado escrito de acusación contra 16, ya que considera que el caso contra Carlos Gardón está prescrito.

Casi tres años después de que se iniciaran las diligencias, periodo en el que se han sucedido las declaraciones de investigados y testigos, el instructor dictó un auto de imputación contra los diecisiete investigados, entre ellos Rafael Delgado, viceconsejero de Economía entre 2003 y 2007 y secretario general entre 2007 y 2011; los hermanos Alberto y Francisco Esgueva y Germán Martín Giraldo, todos ellos también encausados en el denominado caso de La Perla Negra, pendiente aún de fecha de juicio en la Audiencia de Valladolid.

El instructor, además, abre una pieza separada para proseguir con la investigación contra Alberto Esgueva y Germán Martín Giraldo por el presunto desvío de fondos «bien a otras sociedades no residentes, bien con destino desconocido, fuera de España y de las que resultan ser beneficiarios finales». En la misma resolución, el juez archiva las diligencias contra tres investigados: Gabriel Ángel Jiménez Martínez, Xabier Viteri Solaum y José Pérez Arizaga.

Junto a los ya citados Delgado, los hermanos Esgueva y Martín Giraldo figuraban también como investigados el abogado y supuesto testaferro del primero, Jesús Rodríguez Recio; el empresario Marc Nodelar, de Solar Land Word SL; el también industrial y director general de Deportes de la Junta hasta 2003 y cofundador de Villardefrades Eólica, Andrés Martín de Paz; Ricardo Bravo, representante de Ibercyl, filial de Iberdrola Renovables; los constructores Patricio, Alejandro y Miguel Ángel Llorente; el también empresario César Hernández Chico; Carlos Galdón Cabrera, propietario de Avanzalia Solar que el fiscal quiere excluir de la causa; María del Mar Moreno Fernández, esposa de Alberto Esgueva; Manuel Ordóñez, exdirector de Energía y Minas de la Junta; Rafael Icaza, de Ibercyl, y Pedro Barriuso, de Biovent.

La trama eólica, según recoge el auto, tuvo su origen cuando la Junta entendió que el sector de las energías renovables y, en particular, el eólico, era un sector que facilitaba la diversificación de actividades para las empresas de la comunidad, regulado y con un importante marco jurídico y retributivo estable, por lo que decidió favorecer una importante entrada de empresas de la región en las promotoras de parques eólicos.

De este empeño se encargó el principal investigado, el entonces viceconsejero de Economía, Rafael Delgado, junto con el fallecido Tomás Villanueva, que desempeñaba el cargo de consejero de Economía, en un plan ideado junto con Ricardo Bravo, responsable de una filial de Iberdrola.

El plan consistía en exigir a los promotores cuyos parques poseían visos de obtener la autorización, bien por el avanzado estado de la tramitación de sus expedientes bien por hallarse en zonas donde no había competencia con otros proyectos, ceder o permitir la participación de empresas locales en el proyecto bajo la amenaza de no obtener la necesaria autorización, participación que debía ser próxima al 40%. El paso siguiente era seleccionar y favorecer a empresas pertenecientes a personas con las que tenían una especial relación para que les fuera transferida una importante participación en parques cuya autorización se había previsto.

Con la presentación de los escritos de acusación, la instrucción entra en su fase final. El caso arrancó en 2017 para investigar supuestas «mordidas» por importe de más de 80 millones de euros por parte de altos y exaltos cargos de la Junta y empresarios por la agilización en la tramitación de parques eólicos entre 2000 y 2015.