Siete entidades reclaman incluir en la ley de residencias los cuidados en el hogar

Coinciden con el CES en que es básico que contemple, entre sus cuidados de larga duración, la continuidad en el domicilio, «algo que ignora» y crea una «situación de indefensión de los centros residenciales, en cuanto a seguridad con las actividades de los mayores y de no conocer las exigencias de ratios ni contar con ayudas para adecuarse a nuevas exigencias». Además, destaca que la ley debe dar cumplimiento al Acuerdo del Consejo Territorial de 28 de junio de 2022, algo que «también parece olvidar. La Ley de centros debe incluir en su exposición de motivos su vinculación con la ley de la Dependencia», destaca Jorge Félix Alonso. Y debe «incluir y desarrollar todo lo referente a la acreditación de centros y servicios». Y si algo preocupa especialmente a esta plataforma de organizaciones sociales es que «todas las personas que necesiten una plaza residencial o de centro de día puedan acceder a ella, garantizándose las mismas condiciones de calidad, tanto si es público, como si el centro es privado. La ley de centros debe recoger de forma clara que el modelo de atención integral y centrado en la persona se va a prestar a todas las personas que ocupan una plaza. Por lo que debe incluirse como se va a producir la transición al nuevo modelo. Nos preocupa mucho que se cree un sistema dual y la redacción actual del anteproyecto no garantiza esta igualdad de calidad», apunta este portavoz.

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Además, el anteproyecto «no establece ninguna obligación de crear unidades de convivencia, ni una temporalidad para su creación, algo que sí recogía, hasta un 80%, el acuerdo del Consejo Territorial. El nuevo modelo de atención integral y centrado en la persona requiere de «más precisión en lo relativo a su aplicación. Por ejemplo: Que las unidades de convivencia dispongan de elementos que puedan ser utilizados por los residentes para la elaboración de alimentos, requiere de ciertas medidas de seguridad para evitar transmisión de enfermedades a través de bacterias generadas como la legionela al manipular los alimentos. Dejar estos aspectos a la interpretación de cada director, supone un riesgo para él y para los propios residentes».

Asimismo adolece de evitar la discriminación que supone la prestación económica vinculada a la adquisición de un servicio en comparación con las personas que disponen de una plaza concertada. Se necesita una cuantía de vinculada suficiente para que puedan costearse la plaza». Asimismo debería incluir las ratios de personal de atención directa de primer y segundo nivel establecidos en el citado acuerdo. «El anteproyecto tiene contradicciones tan flagrantes como que desciende a detalles como que las habitaciones deben disponer de fregadero, y luego no concreta un aspecto tan fundamental como es la ratio de profesionales». Otra carencia grave para estos colectivos.

También reclaman la mejora de la calidad del empleo y un sistema de inspección; así como actualizar el régimen de infracciones y sanciones.

Entre los derechos de las personas usuarias «es necesario incluir que debe ser compatible las necesarias medidas de aislamiento en caso de pandemia, con el permanente contacto con sus familiares».