Más de mil mayores reclaman al año apoyo en el Clínico al recibir el alta

1066 pacientes de más de 61 años recurrieron en 2021 a las trabajadoras sociales del Clínico para que se cubriesen sus necesidades cuando recibieran el alta, ya que no encontraban una solución, ni por sí mismos ni por sus familias, a sus nuevas necesidades tras el ingreso. En los ocho primeros meses de este año estos casos ascendieron a 740, por lo que se espera que la cifra aumente en 2022, pese a que parece que los peores tiempos de la pandemia son cosa del pasado. «Si no estuviera esta unidad, estas personas estarían sujetas a una situación de vulnerabilidad porque necesitan un periodo de convalecencia, de atención, y van a estar solas en casa, sin un apoyo que les ayude a levantarse, a acostarse o a vestirse. Se les obligaría a hacer una serie de tareas que no están a su alcance», asevera Verónica Olmedo, que pone en valor el servicio que coordina. «Esto es importante no solo porque sea bueno a efectos económicos rebajar los tiempos de estancia en el hospital, sino porque si una persona no recibe el apoyo que necesita cuando tenga el alta hospitalaria, al día siguiente se le puede hallar muerta en casa tras una caída o tiene muchas posibilidades de regresar al hospital con nuevos problemas», agrega.

¿Qué ha pasado en los últimos años para que estos casos sean tan generalizados? Verónica Olmedo tiene la respuesta. «Los valores de la sociedad han cambiado. Hay casos de todo tipo, pero hace años era incuestionable cuidar a tus padres y ahora esa creencia ya no es tal. Las cosas son distintas cuando la persona mayor lleva a los nietos a la guardería, hace la compra y es activa, pero en el momento que no es así llegan las excusas y nos dicen eso de 'no podemos o no sabemos cómo organizarnos porque tenemos mucho trabajo' y cosas similares», explica esta trabajadora social, que está al frente de un equipo de cuatro personas.

Esta unidad vela porque reciban los cuidados necesarios tras el alta hospitalaria los pacientes sin familia o los que tienen familiares que no quieren o no pueden hacerse cargo de los enfermos cuando salen del hospital. «En el día a día encontramos que no se cuida al mayor. Los argumentos siempre se reducen a lo mismo: la mujer trabaja o los hijos viven fuera. Una cuestión es que yo viva en Suiza y no pueda atender a mi padre y otra es que no pueda garantizarle el cuidado, aunque no lo aplique yo directamente, eso ya es un cambio cultural. El no creer que se tiene que colaborar en ese cuidado es debido al cambio de valores de la sociedad. De no aplicar la atención directa a tu familiar a dejarle de lado hay una gran diferencia», sentencia Olmedo.

Henar Pérez es una de las cuatro trabajadoras sociales de la unidad. Esta profesional asegura que ha visto en infinidad de ocasiones una falta de interés de los familiares en atender a sus mayores. «La posición inicial de los hijos suele ser asustarse del problema y echarse atrás ante cualquier enfermedad de los padres. Nuestra función es empujarles a que entiendan la enfermedad y hacerles ver que es tan importante una hora de rehabilitación como que el enfermo les tenga a su lado las otras 23 horas al día», explica Pérez en una argumentación refrendada por su compañera Rebeca Mata. «Nos lanzan la pelota, pero nosotros se la tenemos que devolver. Yo te acompaño, te voy a explicar cómo lo puedes hacer, pero la decisión tiene que ser tuya porque es tu familiar y yo no tengo que organizar tu vida. Se tienen que empoderar y ser autónomos. Darse cuenta del problema que tiene su padre o su madre. Son ellos los que tienen que gestionarse una vez que se le dé el alta hospitalaria», añade Mata.

Las consejerías de Familia y Sanidad anunciaron a finales de 2013 que Castilla y León contaría con 127 camas para que este tipo de casos pudieran recuperarse lejos del hospital tras recibir el alta. Pero los hechos tardaron en llegar mucho más que las palabras y una comparecencia en las Cortes de abril de 2014 comprometía 140 plazas para el año 2015. Los tiempos se siguieron alargando pese a los anuncios y el convenio de colaboración entre consejerías no se firmó hasta 2019, cinco años más tarde del primer anuncio, y fueron finalmente 114 las plazas de convalecencia que se pusieron en marcha en residencias para los casos que se dan en toda la comunidad. La demanda de estas camas es altísima, tanto que en los tres primeros trimestres de este año han pasado por ellas 2.667 personas, pero las plazas no se incrementan, a pesar de que en 2020 se avanzó que aumentarían en 38 más.

Hasta el procurador del común solicitó hace dos años que se aumentasen estas plazas, pero la Junta hizo oídos sordos. De esas 114 camas, solo 30 corresponden a los enfermos de los hospitales de Valladolid (Clínico, Río Hortega y Medina del Campo) y las trabajadoras sociales reconocen que llevar sus casos a estas cotizadas plazas es una labor complicada. «Tenemos muchos pacientes susceptibles de ir a esas unidades, pero no siempre tenemos el recurso disponible», explican.

¿La falta de estas camas obliga a alargar las estancias en el hospital de estas personas? La responsable de la unidad de trabajo social del Clínico responde sin paños calientes. «Sí. Nuestra intervención debe estar asociada al tiempo que dure la hospitalización. En ese transcurso hay que entrevistar al paciente, conocer su dinámica familiar, incluso localizar a la familia, que no siempre es fácil. Cada caso es distinto. Por ejemplo, si la persona mayor no tiene capacidad de expresión, de decisión o de consciencia, tenemos que recurrir a los juzgados para tomar una decisión por ella. En ocasiones, las dificultades para el acceso a recursos repercute en que el alta médica coincida con el alta hospitalaria», explica Olmedo.

El hecho de que se alarguen estas estancias hospitalarias es un gasto para el sistema sanitario que no se corresponde con las necesidades del afectado. Según estimaciones sanitarias, una cama de hospital tiene un coste medio diario de 420 euros cada día. Este mismo ingreso, pero sociosanitario, baja a poco más de cien euros diarios y para Sacyl supone, según convenio, solo 35 euros por día. Por esta razón la Junta creó estas unidades sociosanitarias, para rebajar los gastos y dotar al paciente de un lugar de reposo adecuado a su dolencia, pero «la demanda es infinitamente superior a la oferta, aunque el recurso nunca va por delante de la necesidad», explican las trabajadoras sociales del Clínico.

El factor económico es crucial en estos casos. Cuando el paciente tiene dinero los problemas se suelen solucionar sin la intermediación de la unidad de trabajo social, pero cuando no lo tiene todo se complica. «Hay un catálogo de prestaciones que muy bien explica la Ley de la Dependencia, pero lleva mucha burocracia y a lo mejor la persona cuando le llega, ha fallecido. No lo digo yo, lo dice la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, que explica que una de cada diez personas fallece antes de que se le concedan estas ayudas», afirma la coordinadora de la unidad.

Este hospital atiende a los puntos de la provincia con una población más mayor y es en las zonas rurales donde se dan más casos. «El perfil que más vemos es el de gente que reside en casas con barreras arquitectónicas y en sus pueblos no hay los servicios que requieren sus necesidades. Suelen vivir solos o en pareja y los que tienen hijos, viven fuera de la localidad por cuestiones laborales», concluye Verónica Olmedo, que ve su puesto de trabajo como todo un observatorio sociológico. «Aquí atendemos a la realidad social que tenemos. En Castilla y León estamos a la cabeza del envejecimiento y vemos todos los cambios sociales, demográficos y económicos que se están sucediendo», asevera.