La Plataforma Social advierte de que el nuevo modelo residencial exige mucha más inversión en la región

La política de atención a las personas mayores en Castilla y León «está plagada de promesas incumplidas y de desautorizaciones por los juzgados. En dos ocasiones el Tribunal Superior de Justicia ha anulado los decretos con lo que la Junta pretendía regular el funcionamiento de las residencias», repasa.

Destaca asimismo la plataforma que «los anuncios de nuevos modelos de atención a las personas mayores han sido una constante, primero llegó el modelo residencial 'en mi casa', después se anunciaron las estrategias de prevención de la dependencia y el envejecimiento activo, basadas en el modelo 'mejor en mi casa'. Ahora se está anunciando el de la 'atención centrada en la persona'. Pero la realidad es que la regulación del funcionamiento de las residencias en la comunidad tiene más de 20 años (enero de 2001), y continuamos sin que se cumpla la promesa realizada al comienzo de la pandemia por el presidente de la Junta, de que Castilla y León aprobaría de forma urgente una ley de residencias».

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Ana Santiago

En mayo del pasado año, la Plataforma Social presentó alegaciones al anteproyecto de ley del modelo de atención residencial para cuidados de larga duración en Castilla y León, donde planteaba, entre otras cuestiones, que los centros tuvieran más personal y hubiera un sistema eficaz de inspección. A la vez que planteaba que «la ley debería tener un contenido más amplio garantizando los cuidados de calidad, también en el domicilio, puesto que es la opción que desean la mayoría de las personas mayores. Para lo cual era necesario que se impulsen los centros multiservicios en el ámbito rural».

El pasado mes de junio se llegó a un acuerdo en el Consejo Territorial de la Dependencia, donde se apostaba por el modelo de atención centrada en la persona que regulaba los criterios que deben tener los centros, fundamentalmente, mayor ratio de personal y con más formación; así como las condiciones que deben tener los servicios destinados a garantizar este tipo de atención en sus hogares: el servicio de ayuda a domicilio, la teleasistencia o el asistente personal. Sorprendentemente –destaca la plataforma– el voto de Castilla y León fue contrario al acuerdo. Todavía desde la Junta no se dado ninguna explicación de su voto en contra del modelo que quiere implantar la propia Administración autonómica, y tampoco ha manifestado si piensa aplicar los contenidos del acuerdo del Consejo Territorial en Castilla y León, que conlleva que se incremente el número de profesionales, fundamentalmente personal de atención directa, a la vez que se mejoren sus condiciones laborales, lo que va a suponer que se incremente el coste de la prestación de los servicios, tanto en las residencias, como en los domicilios». La Plataforma Social considera que «Castilla y León va a tener que hacer una mayor esfuerzo económico porque el modelo que lleva años impulsado la Juntaestá basado en servicios 'low cost' (de bajo coste). De hecho, en 2021 Castilla y León redujo el 7,5% el presupuesto destinado atender a las personas en situación de dependencia, como ha denunciado la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales». El gasto medio que en 2021 realizó Castilla y León para atender a cada persona en situación de dependencia ha sido de 6.599 euros, el menor gasto de todas las comunidades. 1.600 euros menos que la media de España.

Desde la Plataforma Social denunciamos que «es incompatible la implantación del modelo de 'atención centra en la persona' con servicios de bajo coste. Por ello, «demandamos que, ante la elaboración del presupuesto para el próximo año, se incremente de forma significativa el dinero destinado a la atención a las personas en situación de dependencia, para que pueda mejorarse la calidad de vida de las personas mayores que viven, tanto en centro residenciales, como en sus domicilios».