Francisco Igea no puede ser expulsado del grupo mixto de las Cortes, como ya sabían todos los que el pasado 25 de enero acudieron a la Junta de Portavoces. El reglamento de las Cortes es taxativo a ese respecto. Y los servicios jurídicos le han ... dado la razón al ex de Ciudadanos. Pero Vox y PP pedían «consecuencias jurídicas» por lo que consideraban el acto de «transfuguismo» de Igea, al haber sido expulsado de Ciudadanos, partido por el que consiguió el escaño y, sin embargo, no haber entregado su acta. Vox pretendía que no pudiera participar más en la Junta de Portavoces –pese a que es portavoz rotatorio del grupo mixto, alternando con Pablo Fernández–. Y en todo caso se buscaba una sanción similar a la que padeció María Montero en la anterior legislatura, privada de participar en comisiones y de cobrar las correspondientes dietas, así como de otras retribuciones.
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Los servicios jurídicos de las Cortes han resuelto que no se puede privar a Francisco Igea de sus derechos parlamentarios.
«Ninguna de las consecuencias contempladas en el Reglamento de la Cámara ni en su normativa de desarrollo para los procuradores no adscritos podrían ser aplicadas en su literalidad en este momento al señor Igea», concluye el informe.
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Sí puede ocurrir, señala, que la Mesa de las Cortes se pronuncie sobre la condición de tránsfuga de Igea, como solicitaba Vox. «Sin embargo, no parece que de esa acción declarativa pudieran derivarse consecuencias jurídicas para el señor Igea».
El diálogo, recogido en el acta de la Junta de Portavoces, entre Raúl de la Hoz (PP),Carlos Menéndez (Vox) y Francisco Igea fue crudo. Menéndez había propuesto que Igea fuera declarado tránsfuga y que se le retiraran sus privilegios como procurador, entre otros el de asistir a la Junta de Portavoces, donde acude como portavoz del Grupo Mixto, que compone con Pablo Fernández (Unidas Podemos) y Pedro Pascual (Por Ávila). De la Hoz, según la transcripción, aseguró: «Esta persona es un tránsfuga y un corrupto porque el transfuguismo es una forma de corrupción. En consecuencia, solicita que se analicen las consecuencias jurídicas y parlamentarias que sobre esto tiene que haber».
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Y a eso le siguió la réplica de Francisco Igea. «Interviene [...] para pedir que no se falte a su honor ya que cree que corrupto es aquél que es premiado con un cargo público después de pasar información de un partido a otro; es corrupto el que acaba en una Dirección General sin funciones; y corruptos son los señores que trabajan en lo público mientras se lucran de lo privado».
La tensión entre Igea y De la Hoz, que arranca en la pasada legislatura cuando los partidos de ambos,PP yCiudadanos, eran socios de Gobierno, se ha incrementado de manera notable en este mandato.
Si la Mesa de las Cortes opta por, al menos, reconocer la condición de tránsfuga de Francisco Igea, es seguro que De la Hoz lo utilizará como argumento político para desacreditar al que era el único superviviente de Ciudadanos en el parlamento autonómico. «El señor Igea reúne los requisitos contemplados en el pacto antitransfuguismo para ser considerado tránsfuga. Esto es, haber sido expulsado de la formación política por la que concurrió a las elecciones del 13 de febrero de 2022 y que dicha formación política, en este caso Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, lo manifieste por escrito», señalaban los servicios jurídicos. Y ello a pesar de que Igea argumentaba que él no había abandonado la formación y que las razones alegadas por Ciudadanos para expulsarle, «lejos de ser políticas», son «personales», porque no ha incumplido el programa electoral de su ex partido.
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