Silenciar a Francisco Igea

El procurador por Valladolid y 'ex' de Ciudadanos desde que lo que queda de esa formación decidiera expulsarle del partido en otoño es un parlamentario incómodo para la plana mayor del PP de Castilla y León. A eso suma Igea que ha hecho del marcaje a su sucesor de Vox en la Junta una obsesión. No deja pasar una a Juan García-Gallardo. Un día acude a la Fiscalía, otro pide que se le sancione en las Cortes por su comportamiento en el pleno y el siguiente reclama que la Comisión de Ética Pública valore si el dirigente de Vox vulneró el Código Ético y perjudica la imagen de la comunidad en vídeos que tratan de violadores a inmigrantes trasladados desde Canarias o capitaneando, megáfono en mano, las concentraciones ante las sedes del PSOE.

Es esto lo que está detrás de la maniobra de PP y Vox en las Cortes para intentar aplicar a Igea las penalidades reservadas a los tránsfugas. No es por ética política, es por quitarse de encima a un opositor correoso en extremo para los actuales socios. En el caso del PP se añade otro factor que entra en el terreno de lo personal. «No se va a ir de rositas», apreció este jueves Raúl de la Hoz, portavoz del PP en las Cortes. Lejos quedan los días, que fueron muchos, en los que la bancada popular aplaudía a rabiar las intervenciones aceradas con las que Igea respondía a los socialistas. Aquel ocurrente socio es hoy un «tránsfuga corrupto», en definición de De la Hoz.

La operación antiIgea la activa Vox con la aquiescencia del PP y tiene ante sí un escollo, que es el Reglamento de las Cortes. Fue lo primero que miraron los populares para intentar declararle 'procurador no adscrito' cuando en septiembre se anunció la expulsión de Cs. Lo descartaron entonces. Lo que el PP y Vox llaman tránsfuga debe encajar en lo que ese Reglamento regula como 'procurador no adscrito', que convierte a quien lleva esa etiqueta en un apestado político: sin dotación económica, desterrado de las comisiones, sin turnos en debates, sin despacho...

El artículo 23 de ese Reglamento establece que serán 'procuradores no adscritos' aquellos que dejen de «pertenecer al Grupo Parlamentario al que estuvieran adscritos por voluntad propia, expresada ante la Mesa, o por expulsión del mismo» y que «ningún Procurador perteneciente al Grupo Mixto podrá ser expulsado del mismo». A Francisco Igea le han echado de un partido, no de un grupo parlamentario, y es uno de los tres integrantes del Grupo Mixto, por lo que el Reglamento de las Cortes prohíbe expulsarle del mismo y convertirle en 'no adscrito'. La redacción es clara.

Pero cuando PP y Vox han dado el paso en una institución que controlan es de suponer que confían en que apoye su argumento el informe que han solicitado al letrado mayor, Marcos Herrero Martínez-Tutor, que se estrenó en la responsabilidad con la llegada de Carlos Pollán (Vox) tras un amago de irse de asesor al Ayuntamiento de Madrid con el popular José Luis Martínez-Almeida. Ahí está ahora el meollo de la envolvente.

Así las cosas, la renuncia de Igea al escaño que exigen Cs, PP y Vox haría correr la lista que los naranjas presentaron en Valladolid. En el partido no está Igea, pero tampoco los cuatro que van detrás en esa candidatura. El desmoronamiento de Cs es tal que el siguiente puesto lo ocupó Miguel Ángel González, hoy asesor de los de Mañueco en la Junta por 44.629 euros brutos al año.

No es el único excompañero de Igea acogido al burladero del PP. Hasta cinco exprocuradores naranjas han cruzado el puente. El de mayor fortuna, Luis Fuentes, como delegado autonómico para el Corredor Atlántico, con nómina que supera los 65.000 euros brutos anuales y una agenda de trabajo que es una incógnita. Devenires de la política.